La Red Natura cumple 20 años con un grave retraso en su puesta en marcha



Publicado el 21 mayo 2012  | 
  • España, junto con otros países como Irlanda, Grecia o Portugal, se encuentra a la cola en la gestión de la Red Natura en Europa, enfrentándose a graves sanciones por parte de la UE
  • En España sólo el 9% de los espacios Red Natura 2000, tiene planes de gestión aprobados
  • Canarias es la región que más planes aprobados tiene, pero el procedimiento seguido ha sido deficiente en plazo y forma
  • Galicia todavía no ha acabado el proceso de designación de espacios y no ha aprobado todavía ningún plan
  • Navarra es una de las comunidades con mayor número de planes aprobados, que además cumplen con los requisitos legales
Hoy se cumplen 20 años desde la aprobación de la Directiva Hábitats, que regula la conservación de los espacios naturales en Europa. Se trata de la pieza básica en materia de medio ambiente, que ha contribuido a la protección de gran número de especies de fauna y flora en toda Europa. En este vigésimo aniversario, WWF denuncia el retraso de su desarrollo en todas las CCAA de España, donde sólo se han aprobado el 9% de los planes de gestión. La puesta en marcha de estos planes supondría una oportunidad no sólo para la conservación del patrimonio natural, sino también para el desarrollo socioeconómico del mundo rural, una oportunidad que las administraciones no deben dejar pasar en esta difícil situación económica.

La Directiva Hábitats es un elemento clave de la legislación europea en lo que se refiere a la conservación de la biodiversidad y supone un importante hito en materia de conservación a escala supranacional. Gracias a ella se plantea la protección de cerca de un millar de especies y más de 200 tipos de hábitats en toda la UE. Además, la normativa, plantea la importancia del elemento humano en la conservación de la naturaleza. Es decir, intenta alcanzar, un verdadero desarrollo sostenible.

La Directiva establece la necesidad de definir una red de espacios protegidos en cada país: la Red Natura 2000. Esta red está constituida por los espacios conocidos en su primera fase como Lugares de Importancia Comunitaria o LIC y posteriormente como Zonas Especiales de Conservación o ZEC, que se deben sumar a las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que se designan de acuerdo a la Directiva de Aves

La situación de España


En estos momentos la Red Natura 2000 ocupa el 17,5% de la UE, con una superficie de casi 949.910 km². España es el país que aporta mayor superficie, con 1.752 espacios que ocupan 147.591 km² , de los que 137.317 km² son terrestres, lo que supone más de la cuarta parte del territorio nacional (27,20%).

España tan sólo es superada en porcentaje de superficie aportada a la Red Natura por países muy pequeños como Chipre, Bulgaria y Eslovenia con el 28,4, el 33,9 y el 35,5% respectivamente.

Cabe resaltar que este proceso no está siendo proporcional en el mar, donde España tan sólo alcanza el 1% de la superficie marina, un dato similar al del resto de Europa. WWF destaca la urgencia en completar la propuesta de declaraciones de zonas marinas en España. El plazo establecido por Europa es de finales de 2012 si no quiere enfrentarse a posibles sanciones, como ya ha ocurrido con los espacios de Canarias, situados en la región Macaronésica.

Sin embargo, en España la gran asignatura pendiente es la puesta en marcha de los correspondientes planes de gestión para estas zonas terrestres y marinas, una vez declaradas. En conjunto, considerando el total de LIC y ZEPA, tan sólo el 9% de la Red Natura cuenta en mayo de 2012 con los correspondientes planes de gestión. Nuestro país, junto con otros como Irlanda, Grecia o Portugal, se encuentra a la cola en cuanto al número de planes aprobados, muy lejos de Suecia, que ya lo han hecho con el 95% de ellos.

Gestionar adecuadamente significaría recibir fondos europeos, impulsar actividades tradicionales y mantener el empleo en el mundo rural en estos espacios. Una oportunidad que las administraciones no deben dejar pasar, especialmente en esta difícil situación económica.

Las CCAA y la Red Natura.

En cuanto a las Comunidades Autónomas, Canarias, Madrid y Navarra son las tres regiones que más porcentaje de planes de gestión de la red tiene aprobado, respecto a sus LIC y ZEPA declarados.

Sin embargo, existen notables diferencias en cuanto al proceso desarrollado y la calidad de los planes. Así por ejemplo Navarra ha sido la Comunidad Autónoma pionera en la aprobación de planes de gestión (los primeros se remontan al año 2006), desarrolla unos complejos procesos de participación pública y garantiza el cumplimientos de las exigencias fijadas en la normativa europea.

Madrid, en cambio, tan sólo ha aprobado dos planes de gestión para sendos espacios, sin que los documentos presentados cumplan los requisitos, tal y como han denunciado públicamente tanto WWF como otros grupos.

Un caso muy particular es el de Canarias, cuyo primer plazo para la aprobación de los planes venció en 2007, sin reacción por parte de la administración regional. El fuerte retraso acumulado motivó que la Comisión Europea iniciara un procedimiento de infracción contra España, que culminó en 2009 con la correspondiente denuncia ante el Tribunal Europeo. Los intentos por solventar la situación por parte de la administración canaria fueron insuficientes puesto que llegaron fuera de plazo y además consistieron en aprobar los ZEC sin los planes apropiados, o adaptando algunos planes ya existentes para los espacios naturales canarios. Por todo ello, el Estado español fue condenado por el Tribunal de Luxemburgo en septiembre de 2011, por no haber declarado los ZEC de la región macaronésica. En resumen, Canarias presenta un alto número de planes de gestión que han sido aprobados fuera de plazo y que no cumplen las exigencias de la normativa europea.

Estos casos, ponen de manifiesto que el proceso seguido en España ha sido totalmente heterogéneo en las diferentes CCAA, sin que el gobierno central se haya ocupado realmente de garantizar la coherencia del trabajo realizado y verificar el cumplimiento de las normas. Algo que resulta complicado de entender puesto que es el Estado quien tramita los planes ante las instituciones europeas y quien sufre las consecuencias de los Tribunales Europeos.

Consecuencias y retos

El desarrollo de los planes de gestión para estos espacios va más allá de ser una obligación, puesto que se trata de una oportunidad única para impulsar la actividad económica ligada al mundo rural y pesquero, algo sin duda fundamental para nuestro país.

Por otra parte, el mantenimiento de una red de espacios naturales en buen estado de conservación supone que la sociedad pueda aprovechar los beneficios ambientales de este tipo de espacios, como la protección frente a sequías, inundaciones, plagas o la conservación de recursos como el agua, especies polinizadoras o cinegéticas así como lugares para el ocio y el deporte. La propia Comisión Europea ha estimado en 200-300 billones de euros anuales para toda Europa, los beneficios ambientales de la red Natura.

La ausencia de estos planes de gestión ha sido también en parte culpable de que la Red Natura haya sido percibida por diversos sectores, como un obstáculo en lugar de como una oportunidad

De acuerdo a estimaciones de la propia Comisión, el coste mínimo de la gestión de la red es de 5.800 millones de euros anuales para toda Europa (menos del 0,1% del presupuesto de la UE). Hasta la fecha a través de los diferentes mecanismos de financiación, se ha alcanzado tan sólo entre el 9 y el 19 % del presupuesto necesario, por lo que es preciso que la Comisión y los Estados Miembros trabajen para dotar a la red de los recursos necesarios.

En el caso de España, con más de una cuarta parte del territorio nacional dentro de la Red Natura, la prioridad del Ministerio de Medio Ambiente debe estar orientada a garantizar los fondos necesarios para la adecuada gestión de esta red. En este sentido, conseguir que la reforma de la Política Agraria y la Política Pesquera Común sean más “verdes”, favorece sin duda a España, puesto que supone más fondos para los miles de agricultores y asegurará la vigilancia y el mantenimiento de los espacios marinos que se encuentran dentro de la Red y desarrollan practicas compatibles con la biodiversidad.

Finalmente las CCAA y el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente deben hacer los esfuerzos necesarios para completar los planes de gestión correspondientes en el menor plazo posible y además garantizar que estos planes cumplan con los correspondientes requisitos legales.
Paisaje de Biescas
© WWF-Canon / C Vallecillo Ampliar

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