Los incendios de Valencia son fruto de décadas de abandono rural y falta de gestión forestal

WWF España lamenta el desastre ecológico, económico y social que está viviendo la Comunidad Valenciana a raíz de los incendios ocurridos desde el jueves en esta región. La organización viene reclamando desde comienzos de año una atención especial ante el grave riesgo de grandes incendios forestales (GIF) en un año especialmente complicado.

WWF lamenta los crecientes recortes presupuestarios en protección del medio ambiente, aunque manifiesta que los grandes incendios de Andilla y Cortes de Pallás, al igual que el iniciado en Albacete que afecta ya a la Región de Murcia, no son fruto de estos recortes sino de la negligencia humana y de dos décadas de desidia en política forestal y abandono de nuestros montes.

WWF recuerda que la Comunidad Valenciana es, después de Extremadura, la que menos planes de gestión forestal tiene. Solamente el 2% de las masas forestales de esta comunidad cuentan con un instrumento de gestión, valor que sube al 13% en toda España.

Durante los últimos años, la sociedad española había conseguido reducir la lacra de las grandes catástrofes incendiarias a razón de una media de 20.000 hectáreas anuales entre los decenios 1992-2001 y 2002-2011 (ver datos adjuntos), en parte favorecidos por unas condiciones meteorológicas favorables, por una mayor concienciación y un creciente empeño en materia judicial y de investigación de causas. Pero lamentablemente, no se ha avanzado con el mismo empeño en gestión territorial ni del medio forestal.

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España, declaró: “Durante años, la Comunidad Valenciana ha centrado sus esfuerzos en el ladrillo, olvidando sus montes y el valor de su riqueza forestal, donde a penas ha habido inversión” Y concluye: “este abandono ha sido el combustible de los incendios de estos días”.

WWF insiste en la importancia de la responsabilidad social para evitar incendios por causas negligentes y pide la colaboración ciudadana para denunciar a los incendiarios y el compromiso político para acometer, de una vez por todas, una gestión territorial racional que busque la conservación del medio forestal.