Las ONG ambientales denuncian el Catálogo de Especies Amenazadas de Canarias



Publicado el 08 septiembre 2010  | 
Las organizaciones ambientales Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO BirdLife y WWF han presentado a la Defensora del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano, una denuncia contra el nuevo Catálogo Canario de Especies Protegidas en la que le instan a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Según el documento, el nuevo Catálogo incurre en graves ilegalidades y vulnera las competencias estatales en materia de protección ambiental y conservación de la naturaleza.

La denuncia presentada hoy por las ONG a la Defensora del Pueblo contra la reciente reforma del Catálogo Canario de Especies Amenazadas se basa en la falta de competencia de las Comunidades Autónomas para dictar leyes en materia de conservación de la naturaleza si contradicen la norma estatal básica, la Ley de Biodiversidad. El Parlamento canario ha aprobado rebajar la categoría de protección de numerosas especies, desafiando la autoridad de las leyes del Estado.

Contradicciones con la Ley de Biodiversidad Estatal:

§ La normativa española, aplicable a todo el territorio, establece que las Comunidades Autónomas han de crear Catálogos de Especies Amenazadas, según su grado de amenaza. Canarias ha elaborado un Catálogo de Especies Protegidas en el que se ha rebajado la categoría de protección de más de 300 especies, sin basarse en ningún tipo de criterio científico y sin ofrecer datos que justifiquen esta medida. La ley estatal obliga a publicar y considerar la información técnica y científica en la categorización de las especies.

§ La ley estatal prohíbe destruir cualquier especie protegida, independientemente del lugar en el que se encuentre. La nueva ley canaria crea una nueva categoría de protección, la llamada ‘De interés para los ecosistemas canarios’, que permite la destrucción de todos aquellos ejemplares y poblaciones de especies protegidas cuando no se encuentren dentro del ámbito geográfico de un Espacio Natural Protegido (ENP). En la denuncia, los colectivos ponen de relieve el grave peligro que corren numerosas especies, como aves o peces, que no permanecen en un mismo lugar geográfico.

§ Uno de los principios básicos de la Ley de Biodiversidad es la ‘prevalencia de la conservación frente a la ordenación territorial y urbanística’, lo que pone de relieve la ilegalidad que supone en este nuevo catálogo, la supremacía del ‘interés prioritario’ de una infraestructura frente a la conservación de las especies. Con la nueva ley, se permitirá la destrucción de especies clasificadas como de ‘Interés para los Ecosistemas Canarios’, y de ‘Protección Especial’.

§ La descatalogación masiva de especies ha sido realizada pese al conocimiento de su estado real de amenaza, reflejado en el documento de Evaluación del 2009 de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias.

Las organizaciones ambientales denuncian la ilegalidad y arbitrariedad de una norma emitida a modo de Ley -sin participación pública ni científica-, con el objetivo claro de salvar un escollo legal impuesto por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, al suspender las obras del puerto de Granadilla, en Tenerife, por su afección a especies y hábitats amenazados.

Según el escrito presentado por las ONG, se ha vulnerado el principio constitucional básico que establece que: “Corresponde a los poderes públicos (…) facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”, al haber emitido una ley contraria a la legislación nacional, que, además, ha sido llevada a cabo a través de un procedimiento que evita la participación pública. Finalmente, todas las organizaciones reflejan la clara finalidad política con la que se ha redactado.

Las ONG confían en que la Defensora del Pueblo eleve al Tribunal Constitucional esta denuncia, dadas las numerosas y contundentes evidencias sobre la ilegalidad del nuevo Catálogo canario, para proteger la rica biodiversidad canaria y sentar un precedente en la conservación del medio ambiente de todo el Estado español que evite casos como este en el futuro.

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