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Turismo y Urbanismo

Construcción de hotel en la Playa del Algarrobico, Cabo de Gata.

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Devorando nuestros recursos

España es el segundo destino turístico del mundo (51.748 millones de turistas en 2002, según la Organización Mundial del Turismo) y un país donde en 2005 se construyeron más viviendas que en Alemania, Francia y Gran Bretaña juntas.

Turismo y urbanismo son a menudo un binomio de gran rentabilidad (de cada 100 viviendas construidas en Alicante 60 son para el mercado turístico) que necesita cada vez más agua para funcionar. Los complejos turísticos de segunda residencia, cada vez más, van asociados al modelo de chalet con zonas ajardinadas y campos de golf (en Valencia y Murcia, de media, a cada nuevo campo de golf se asocian unas 2.000 viviendas de segunda residencia). La disponibilidad de agua y de terreno representan las claves para permitir el funcionamiento de este modelo de crecimiento acelerado, extensivo y muy rentable para quien lo promueve.

Si bien es cierto que en términos relativos el consumo de agua para abastecimiento no es muy significativo (sólo 14% del consumo total), es indudable que las ciudades y, sobre todo, las zonas turísticas costeras tienen impactos puntuales muy fuertes sobre los ecosistemas acuáticos. Esto se debe a que el consumo de agua se concentra en los meses secos de verano, multiplicando varias veces el número de habitantes normalmente residentes en la zona, y en áreas donde a menudo ya existe una marcada sobreexplotación de los recursos disponibles.

Según WWF las administraciones autonómicas y locales deben diseñar políticas territoriales que respeten la “capacidad de carga” del territorio, sus valores ambientales y la disponibilidad real de agua para satisfacer las demandas de agua de los nuevos desarrollos urbanísticos.

Desde 2005, los Organismos de cuenca deben emitir informes preceptivos pero no vinculantes para establecer si los nuevos desarrollos urbanísticos cuentan con agua suficiente para funcionar. Este es un instrumento muy importante que, sin embargo, demasiadas veces es ignorado por las administraciones que finalmente tienen que aprobar el proyecto. Estas deben ser coherentes y no aprobar proyectos que no cuenten con agua suficiente para luego no tener que dirigirse a la Administración Hidráulica pidiendo soluciones a un déficit estructural que ellas mismas han provocado.