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Baja los humos

Por una revolución energética en el transporte

En un momento en que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte en Europa continúan aumentando sin parar, poniendo en peligro el cumplimiento del Protocolo de Kioto, y la subida del precio del petróleo parece no conocer descanso, es importante pensar en soluciones que protejan nuestro planeta y contribuyan a alcanzar un desarrollo sostenible.

Tan solo el transporte es responsable de una cuarta parte de las emisiones de CO2 en España y consume cerca del 40% de la energía final.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Jóvenes Verdes y WWF/Adena apuestan por un futuro libre de petróleo. Y el primer paso a dar en esa dirección pasa por una Revolución Energética, basada en el caso del transporte en un modelo de movilidad donde la norma sea usar menos el coche privado y otros medios de transporte más contaminantes, como el avión, y usar más el transporte público colectivo y medios no motorizados, como la bicicleta o el caminar. Los pocos coches que sean necesarios, deberán ser mucho más eficientes y menos contaminantes. De hecho, los turismos actuales podrían ser ya un 50% más eficientes tan sólo con la tecnología conocida. Pero en lugar de invertir en la fabricación de coches menos contaminantes, la industria ha preferido desviar su interés a la construcción de vehículos cada vez más grandes y más potentes.

Hace doce años, los fabricantes de automóviles europeos se comprometieron a recortar las emisiones medias de los nuevos coches que entraran en el mercado europeo de 180 a 140 g CO2/km para 2008 y a 120 g/km para 2012. Sin embargo esta buena intención de poner sus coches “a régimen” de CO2 se ha quedado en punto muerto, aunque sí han conseguido el verdadero objetivo que perseguían desde el principio: retrasar la adopción de normas eficaces y de obligado cumplimiento para la limitar las emisiones de los coches a nivel europeo.

En diciembre de 2007, la Comisión Europea presentó un proyecto de reglamento que pretende limitar las emisiones de CO2 de los nuevos coches que se vendan en el mercado europeo. Este texto debe ser examinado por los Ministros de Medio Ambiente y por el Parlamento Europeo durante el segundo semestre de 2008. Pero gracias al trabajo de presión realizado por los industriales del coche, reagrupados en torno a la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA), este proyecto de reglamento tiene una grave falta de ambición. Así, el borrador del texto recoge un límite para las emisiones medias de los motores de 130 g CO2/km de aquí a 2012, en lugar de los 120 g/km necesarios. E incluso se está evaluando la posibilidad de retrasar la puesta en marcha de esta medida a 2015, lo cual recortaría su potencial de reducción de CO2 y permitirá a los fabricantes, una vez más, no hacerse cargo de su responsabilidad frente al cambio climático.

Necesitamos una reglamentación europea ambiciosa. Y para estar a la altura del desafío climático, la Unión Europea debe dotarse de una normativa sobre las emisiones de los coches nuevos que comprenda:

  • La obligación de limitar las emisiones medias de CO2 a 120 gramos por km de aquí a 2012 y fijar objetivos a largo plazo, de 80 gramos por km para 2020: para poder cumplir con el Protocolo de Kioto y asegurar una visión de futuro a los mercados para que sepan en qué tienen que invertir.
  • Un reparto del esfuerzo entre los distintos fabricantes basado en el criterio del área superficial (es decir, la superficie entre las cuatro ruedas de un vehículo) y no en el peso del coche: un sistema como el propuesto en este momento, que diferencia los valores límite de CO2 para los distintos tipos de vehículos en función de su peso, establece un mecanismo perverso que acaba favoreciendo a los coches más pesados con unos límites de CO2 menos rigurosos que los coches más ligeros.
  • La puesta en marcha inmediata de un sistema de sanciones disuasivo que inste a los fabricantes a cumplir la norma: 150 euros por cada gramo de CO2 suplementario para cada vehículo vendido que no cumpla el objetivo. EE.UU. tiene ya un sistema de limitación obligatoria de las emisiones de CO2 de los vehículos comercializados en su país, pero con unas sanciones muy bajas. Esto permite a los fabricantes de automóviles gastarse entre 1 y 5 millones de euros cada año en sanciones, porque les sale más rentable no cumplir y pagar las multas.
  • Un límite máximo de emisiones para cada vehículo con arreglo al criterio de área superficial (además del límite global para la flota de cada fabricante): para ilegalizar los vehículos más derrochadores.