En el año 2006, WWF estimó que se pescaban entre 50.000 y 60.000 toneladas, casi el doble de la cuota establecida entonces por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT, en sus siglas inglesas), es decir, 32.000 toneladas; siendo flotas como la francesa, italiana, turca o libia las más implicadas en la pesca ilegal. Estas estimaciones fueron corroboradas por el Comité científico de este organismo.
Ese mismo año, los expertos de ICCAT alertaron sobre la crítica situación de la pesquería, advirtiendo que era necesario un cambio drástico en su gestión para salvarla. Entre las medidas imprescindibles: cerrar la pesquería durante la época de reproducción (mayo, junio y julio).
Ignorando totalmente las advertencias de los científicos, ICCAT estableció un nuevo plan de gestión para el atún rojo en noviembre de 2006. Este permitía pescar 29.500 toneladas – el doble de las recomendaciones científicas - y mantenía abierta la pesca de cerco en los principales meses de reproducción (mayo y junio). Desde entonces, la pesquería se ha ido restringiendo, reduciendo la temporada de captura y la cuota total, establecida para 2010 en 13.500 toneladas.
Sin embargo, las medidas llegaron tarde, alejadas de las recomendaciones de los científicos, y las actividades ilegales han seguido descontroladas en muchos caladeros. Por ello, la población de adultos ha seguido descendiendo, disminuyendo la talla media de los ejemplares capturados a menos de la mitad en la mayoría de las pesquerías (signo evidente de agotamiento) y el precio del producto ha continuado bajando por la saturación del mercado por parte de las capturas ilegales que se pagan a un menor precio.
Ese mismo año, los expertos de ICCAT alertaron sobre la crítica situación de la pesquería, advirtiendo que era necesario un cambio drástico en su gestión para salvarla. Entre las medidas imprescindibles: cerrar la pesquería durante la época de reproducción (mayo, junio y julio).
Ignorando totalmente las advertencias de los científicos, ICCAT estableció un nuevo plan de gestión para el atún rojo en noviembre de 2006. Este permitía pescar 29.500 toneladas – el doble de las recomendaciones científicas - y mantenía abierta la pesca de cerco en los principales meses de reproducción (mayo y junio). Desde entonces, la pesquería se ha ido restringiendo, reduciendo la temporada de captura y la cuota total, establecida para 2010 en 13.500 toneladas.
Sin embargo, las medidas llegaron tarde, alejadas de las recomendaciones de los científicos, y las actividades ilegales han seguido descontroladas en muchos caladeros. Por ello, la población de adultos ha seguido descendiendo, disminuyendo la talla media de los ejemplares capturados a menos de la mitad en la mayoría de las pesquerías (signo evidente de agotamiento) y el precio del producto ha continuado bajando por la saturación del mercado por parte de las capturas ilegales que se pagan a un menor precio.