Un nuevo informe advierte que el cambio climático y la pérdida de biodiversidad están socavando los cimientos del mercado mundial de seguros. El aumento de los fenómenos meteorológicos extremos está disparando las pérdidas económicas y ampliando la llamada brecha de protección aseguradora —la parte de los daños no cubiertos—, lo que amenaza a hogares, empresas y presupuestos públicos.

El seguro es una herramienta clave para las economías modernas: protege los activos, facilita la inversión y permite la recuperación tras los desastres. Sin embargo, el incremento de las inundaciones, sequías, incendios y tormentas, junto con la pérdida de defensas naturales como los bosques y los humedales, está encareciendo e incluso haciendo inaccesibles muchas pólizas.

Según la ONU, los costes globales por catástrofes ascienden ya a 2,3 billones de dólares anuales, incluyendo pérdidas indirectas y daños a los ecosistemas. Solo el año pasado, Estados Unidos gastó cerca de un billón de dólares en costes climáticos, mientras que la Unión Europea perdió 43 000 millones de euros por olas de calor, sequías e inundaciones.

Los datos muestran un sistema bajo presión. En Estados Unidos, las primas de los seguros de vivienda han subido un 38 % desde 2019 y en numerosos estados el negocio ya no es rentable. En Europa, solo el 20 % de las pérdidas por catástrofes están aseguradas, y en Australia una de cada seis familias dedica más de un mes de ingresos al pago del seguro. Las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales aumentan entre un 5 % y un 7 % anual, según Swiss Re.

Cuando las aseguradoras suben las primas, reducen coberturas o se retiran de zonas de alto riesgo, los gobiernos se ven obligados a actuar como aseguradores de último recurso. La reconstrucción del Ahrtal en Alemania (30 000 millones de euros), las ayudas por la sequía en España (2200 millones en 2023) o los 110 000 millones de dólares destinados en Estados Unidos a la respuesta ante huracanes y tornados en 2024 lo demuestran.

Desde WWF alertamos de que las pérdidas y daños crecientes no se deben solo al aumento de las temperaturas, sino también a la destrucción de los ecosistemas que nos protegen. Los bosques, los manglares y los humedales son esenciales para reducir el impacto devastador de los fenómenos extremos y deben ocupar un lugar central en las estrategias de resiliencia que mantengan las regiones asegurables.

También subrayamos que la brecha de protección aseguradora está dejando a millones de personas expuestas a los impactos climáticos. Con más de la mitad de las pérdidas sin asegurar a nivel mundial —y más del 90 % en los países en desarrollo—, la falta de cobertura es ya una amenaza sistémica para el bienestar, la estabilidad económica y la resiliencia financiera global.

Reclamamos a los responsables políticos y financieros que actúen con decisión para frenar las causas profundas de esta crisis —el cambio climático y la pérdida de naturaleza—, y que integren la resiliencia ecológica en la planificación económica y fiscal. En concreto, pedimos:

→ Evaluar de forma integral los riesgos y la resiliencia, incorporando pérdidas directas e indirectas, para orientar las decisiones fiscales y de política pública.
→ Reducir las emisiones y revertir la pérdida de naturaleza para estabilizar los riesgos a largo plazo y mantener la asegurabilidad.
→ Incluir la naturaleza como elemento central de las estrategias de adaptación, reconociendo su valor protector y coste-efectivo.
→ Reforzar la supervisión financiera y regulatoria para alinear los sistemas económicos con marcos de resiliencia a largo plazo.
→ Promover incentivos de mercado que reduzcan la brecha de protección y fomenten la prevención.

Las soluciones basadas en la naturaleza son potentes y rentables. En Suiza, por ejemplo, los bosques aportan un valor estimado de 4000 millones de francos suizos (4500 millones de dólares) anuales en prevención de inundaciones, lo que los hace hasta 25 veces más eficientes que las infraestructuras artificiales.

Solo protegiendo la naturaleza podremos proteger también nuestra seguridad económica y social.