La norma, actualmente en tramitación parlamentaria, actualiza el marco de control pesquero nacional conforme a las normas europeas y refuerza la inspección, la rendición de cuentas y las sanciones contra la pesca ilegal, sin importar dónde se produzca. También consolida el papel de España como país pionero en impedir la entrada de productos ilegales en el mercado europeo. 

Sin embargo, advertimos que la ley se quedará corta si no aborda uno de los principales puntos ciegos del sector: la publicación de información sobre quién se beneficia realmente de las actividades pesqueras. El beneficiario efectivo —la persona que controla o se beneficia económicamente de un buque— puede ser distinto del propietario legal registrado, que a menudo actúa como intermediario. Esta falta de transparencia permite que las sanciones por pesca ilegal y otros delitos graves, como el trabajo forzoso o el tráfico de especies, recaigan en intermediarios en lugar de en los verdaderos responsables. 

Este problema afecta tanto a buques con pabellón español como a aquellos con bandera extranjera en los que hay participación española. De hecho, investigaciones recientes muestran que el 23 % de los buques extracomunitarios de propiedad española —un total de 52 embarcaciones— podrían estar registrados en países con alto riesgo de pesca ilegal, muchos de ellos considerados paraísos fiscales. 

España es líder en gobernanza oceánica y control pesquero, y esta nueva ley refuerza ese compromiso. Pero para consolidar su liderazgo y garantizar la igualdad de condiciones entre operadores, debe incluir medidas de transparencia que revelen quiénes son los verdaderos propietarios de los buques pesqueros. Solo así se podrá garantizar que quienes infringen la ley rindan cuentas. 

Además, la mayoría del sector pesquero español opera de forma responsable, y una mayor transparencia protegerá su reputación y competitividad. Exigir información sobre la titularidad real es una práctica habitual en otros sectores económicos y permitirá que la pesca española se alinee con las mejores prácticas internacionales, ayudando a las autoridades a distinguir entre operadores responsables y quienes eluden la ley. 

Por todo ello, pedimos al Congreso y al Senado que refuercen el texto de la ley para: 

→ Incluir la obligación clara de identificar y registrar a los beneficiarios reales de los buques pesqueros. 
→ Garantizar facultades sancionadoras efectivas contra los verdaderos responsables de pesca ilegal y otras actividades ilícitas. 
→ Asegurar que la información sobre la titularidad real sea pública, permitiendo que las autoridades, el sector y la ciudadanía sepan quién controla realmente los buques pesqueros.