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La nueva Ley de Montes no soluciona los problemas de nuestros bosques
WWF se ha opuesto desde el primer momento a la reforma de la Ley de Montes por considerar que los sucesivos borradores no aportaban mejoras sustanciales a la ley actual. El nuevo texto no aborda lo suficiente la gestión del monte y su contribución al desarrollo rural de las regiones forestales, dos piezas clave para el monte. Además, elimina los requisitos de gestión para todos los montes productivos sin aportar soluciones efectivas que compensen esa eliminación generando condiciones adecuadas para que el monte se gestione y pueda ser una pieza clave para el desarrollo de las zonas rurales.
Igualmente preocupante es la opción abierta de cambiar el uso del suelo de un terreno incendiado si existe un “interés general prevalente”, un término muy ambiguo que podría abrir la puerta a desarrollos urbanísticos en terrenos incendiados. Así mismo, incluye artículos y disposiciones adicionales sobre la actividad cinegética, aspectos estos de exclusiva competencia de las CCAA, lo que sin duda provocará recursos de inconstitucionalidad.
La nueva Ley deja al margen también la posibilidad de blindar a los Montes de Utilidad Pública y los privados protectores frente el avance del ladrillo. Además, pone en peligro la figura de montes de socios, un tipo de propiedad colectiva de origen vecinal al que se limita el derecho de los condueños, favoreciendo iniciativas individuales no representativas. Esto hace desaparecer la intervención de la Administración Forestal como garante de su legalidad, lo que favorece el fraude en la administración de estos bienes comunales.
WWF estará muy alerta durante su tramitación parlamentaria por las posibles concesiones a grupos de interés, dado el antecedente de la Ley de Parques Nacionales.
Piña