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Las organizaciones ecologistas exigimos transparencia a la Junta de Andalucía y al Ministerio para la Transición Ecológica en las negociaciones con Boliden

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigimos que se paralicen de manera cautelar todas las tramitaciones administrativas en curso para la reapertura de la mina.

Tras 23 años de la catástrofe del vertido de lodos tóxicos al río Guadiamar, la multinacional sueca Boliden sigue sin pagar 133,6 millones por los daños causados.

Además, se están tramitando las autorizaciones ambientales, mineras y en materia de aguas, para reabrir la mina de Los Frailes en Aznalcóllar. Esto a pesar de que el concurso minero está bajo un proceso judicial, en el que se ha denunciado un nuevo entramado de empresas interpuestas.

Hace varias semanas que saltó la noticia de que la Junta de Andalucía lleva desde 2016 negociando en secreto con la empresa Boliden un acuerdo extrajudicial. Buscan que Boliden pague parte de los 89,9 millones de euros que la Junta de Andalucía le reclama desde 2002, en concepto de gastos de limpieza del vertido tóxico del 25 de abril de 1998 en la cuenca del Guadiamar, cuando reventó la balsa de lodos de la mina de Los Frailes, en Aznalcóllar (Sevilla). 

Mientras se concreta la negociación, la Junta ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Sevilla que paralice el procedimiento y cada dos meses renueve dicha petición. Hay que recordar que la reclamación civil empezó en la sede sevillana que se declaró incompentente, siendo el Tribunal Supremo quien devolvió la competencia a este Juzgado, regresando todo el procedimiento al punto de partida en 2012. 

Tampoco el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha logrado en estos 16 años cobrar los 43,7 millones de sanción que el entonces Ministerio de Medio Ambiente impuso a Boliden en 2002 y que confirmó el Tribunal Supremo en 2005. Para eludir el pago de esta multa la multinacional sueca sigue escudándose en la insolvencia de las empresas filiales que montó en su día en España.            

Las organizaciones ecologistas señalamos que, pasados 23 años desde la catástrofe, la situación es inaceptable. Se trata de un caso emblemático y de un ejemplo que demuestra la ineficacia de las administraciones ante este tipo de situaciones. Por ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF  exigimos que la Junta de Andalucía y el Gobierno central actúen con contundencia para recuperar cuanto antes los 133,6 millones de euros que Boliden debe a la sociedad española. 

Por otra parte, tras la huida de Boliden en 2001, la Junta de Andalucía se hizo cargo de la mina sin explotación, hasta que en 2015 resolvió adjudicar su explotación, mediante concurso público, a la empresa Minera Los Frailes, filial del consorcio Minorbis-Grupo México. Dicho concurso fue objeto de diligencias penales en el Juzgado de Instrucción nº 3 de Sevilla, hasta que el pasado 8 de febrero de 2021, el mismo inició los trámites para juzgar por delitos de prevaricación a varios altos cargos y funcionarios de la Junta de Andalucía y del citado consorcio. También la justicia mexicana investigó ese concurso minero por posibles sobornos, enviando una comisión rogatoria a la Fiscalía General del Estado español.

 Para las organizaciones ecologistas, las administraciones autonómica y nacional no deberían continuar los trámites ambientales, mineros y de aguas de este proyecto de reapertura, tanto por su impacto ambiental como por la existencia de procedimiento penal. En dicho procedimiento se ha denunciando un posible entramado de empresas interpuestas, que podrían significar un problema a la hora de pedir responsabilidades si hubiera daños ambientales como los ocurridos con la catástrofe de Aznalcóllar.

Por todo ello, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF exigimos a las administraciones andaluza y española que paralicen de manera cautelar todas las tramitaciones administrativas en curso para la reapertura de la mina de Los Frailes en Aznalcóllar, hasta que se resuelva el proceso judicial que estudia la legalidad del concurso minero adjudicado en 2015. Una petición que se realiza en aras del principio de precaución y para evitar futuras responsabilidades patrimoniales de dinero público.

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