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Las organizaciones ambientales demandamos una ley de pesca eficaz ante la crisis ecológica

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF seguimos de cerca el proceso de elaboración de la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera del Estado, la primera de las cuatro leyes previstas que actualizarán la gestión pesquera en el Estado español, un paso crucial que marcará el futuro de la pesca en nuestro país

Las organizaciones consideramos que el anteproyecto de ley no resulta lo suficientemente ambicioso para dar una respuesta adecuada a la crisis global de pérdida de biodiversidad y a la emergencia climática. Por ello, instamos al Gobierno a incorporar las mejoras necesarias en la fase actual para hacer frente a estos desafíos globales

Los próximos seis meses son cruciales para el futuro de la pesca. El Gobierno está en trámite de elaborar la nueva legislación pesquera, con un paquete de cuatro nuevas leyes que afectarán a esta actividad y la primera es la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera. Las principales organizaciones medioambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF nos reunimos el pasado mes de julio con la Secretaría General de Pesca para evaluar el borrador del Anteproyecto de esta ley. 

La pesca es la actividad que más influye en la pérdida de biodiversidad marina tal y como evidencian recientes evaluaciones científicas. Por eso, según las organizaciones ecologistas, esta ley es crucial para establecer una base moderna, sólida y eficaz para la gestión de la actividad pesquera en la próxima década y una oportunidad para facilitar una transición ecológica y justa de la pesca. Para lograrlo es imprescindible garantizar  la participación real e informada del conjunto de los actores.

En este sentido, las organizaciones ambientales consideramos que la ley es el marco idóneo para establecer mecanismos de participación y transparencia en política pesquera. En este marco se deben promover comités participativos de gestión, asesoramiento o consulta, tal y como se establece, por ejemplo, en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética o la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 

En la última década hemos comprobado que el modelo participativo de gestión es el ideal y deseado por todos los actores involucrados para diseñar las medidas adecuadas y mejorar su cumplimiento. En el anteproyecto se establece que se pondrán en marcha este tipo de mecanismos, sin embargo esto no se ve reflejado específicamente en el articulado y nos preocupa que esto se quede en bonitas palabras y nada más. 

Las organizaciones consideramos positivo que en la ley se incluya el enfoque ecosistémico, aunque este no se acaba de reflejar en el articulado. Entre otros puntos, las entidades hemos expresado nuestra preocupación por que el anteproyecto apenas contemple los planes plurianuales de gestión, herramienta esencial para alcanzar los objetivos de conservación y gestión europeos a nivel de las particularidades regionales o locales de cada pesquería. Sin estos planes de gestión a largo plazo, la adaptación al cambio climático resulta inviable. De hecho, la inclusión de un enfoque climático adaptativo ha sido una de las demandas hechas por los ecologistas en sus alegaciones.

Otra de las carencias de la ley es la poca ambición en la recopilación de datos, por ejemplo, de pesca incidental de especies vulnerables o en peligro. Esta recopilación de datos se considera uno de los objetivos principales de la ley, para su análisis y diseño de medidas mitigadoras, pero casi no se menciona en el articulado.

Asimismo, las organizaciones ambientales hemos hecho hincapié en que para avanzar en términos de sostenibilidad, una nueva ley de pesca ha de apostar por un reparto de cuotas que incentive las mejores prácticas ambientales y sociales. Es decir, que se apliquen criterios ambientales y sociales a la hora del reparto en beneficio de aquellos buques pesqueros que utilicen artes de  pesca más selectivos, con un reducido impacto ambiental, con bajo consumo de combustibles fósiles o menores daños al hábitat y especies, o que apliquen mejores prácticas socio-laborales. 

Por último, se ha recalcado la importancia de la coordinación y coherencia en la aplicación de la legislación ambiental y la legislación pesquera. Para ello se debe impulsar la declaración de reservas marinas congestionadas, así como cierres permanentes, contribuyendo al objetivo establecido en la estrategia de Biodiversidad de la UE, de proteger el 30 % de nuestro medio marino para 2030.
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