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El próximo domingo 5 de octubre se movilizan un gran número de plataformas rurales ("Salvemos el mundo rural agredido") movimientos vecinales de base nacidos en los pueblos, reivindicando la atención que merece la España vaciada. Y no es para menos. 

Durante la última década, los territorios rurales son el reflejo de las contradicciones de un fallido sistema de producción y de consumo global de alimentos, de una brecha pueblo ciudad que se acrecenta a pasos agigantados y de un abandono sistemático por parte de las políticas públicas. Mundo rural y sus gentes, de los que sólo parecen acordarse cuando hay elecciones a la vista. Mientras hay pueblos que siguen sin ver llegar servicios públicos de calidad, asisten -casi como espectadores -al gran despliegue de la agricultura industrial, macrogranjas y otras macro infraestructuras a expensas de la agricultura familiar y del propio tejido social que va debilitándose hasta desaparecer. Hasta el momento, el 30% de las explotaciones agrícolas y ganaderas en Europa se han perdido.  

Los grandes incendios forestales de este verano que han asolado pueblos y bosques en Galicia, Castilla y León y Extremadura son una de las caras ocultas y más dolorosas del abandono rural. De hecho, el 48% de los municipios en España ya está en riesgo de despoblación.  

Y como telón de fondo y escalando al nivel actual vertiginoso de la geopolítica, bajo el mantra de incrementar la competitividad de la UE se está dando un giro a nivel comunitario para reforzar la industrialización del continente en diversas áreas. La falsa disyuntiva entre economía y medio ambiente está cobrando fuerza y bajo ello, la UE está desmantelando las normas ambientales y sociales, que protegen no sólo a la naturaleza sino también a las personas, y en especial a las que habitan nuestro pueblos.  

Estas transformaciones están desencadenado un descontento en el medio rural, especialmente de aquellos que más pierden con este modelo: la agricultura y la ganadería ecológica familiar, fincas de alto valor social que producen alimentos de máxima calidad cuidando de las personas y de la naturaleza y que abandonan su actividad por falta de apoyo público adecuado, bajos precios, altos costes y una excesiva burocracia.  Pero también perdemos toda la ciudadanía. Todos deberíamos poder comer alimentos sanos, sostenibles y de calidad a un precio accesible y justo para las personas que los producen. La verdura ecológica y la carne de ganadería extensiva no deberían ser un bien de lujo solo al alcance de unos pocos. 

Sin embargo, la Política Agraria Común -una de las piedras angulares del presupuesto comunitario- sigue repartiendo la mayor parte de sus fondos entre grandes explotaciones de carácter eminentemente industrial, y la mayor parte de estos beneficiarios residiendo en grandes capitales donde no hay superficie cultivada.  

El campo también asiste a la proliferación de macrogranjas que están contaminando el agua de centenares de municipios y convirtiendo el hogar de numerosas personas en un infierno. Los defensores de estas instalaciones argumentan que sin ellas no se podría consumir carne a un precio asequible, pero es que en la ecuación no están incluyendo el alto daño ambiental y social que provocan. ¿Cuánto cuesta realmente producir una carne industrializada que está dejando a miles de personas sin agua apta para el consumo porque está contaminada con nitratos? Un daño y coste que paga la ciudadanía, porque producir carne barata nos está costado muy caro.  

Para avanzar hacia el bienestar social, parece de sentido común que el dinero público de los ciudadanos y ciudadanas se invierta de manera justa en los personas agricultoras y ganaderas que más lo necesitan, que cultivan alimentos sanos y sostenibles con el medio ambiente, garantes de la salud única y que siguen dando vida a nuestros pueblos. 

El pasado mes de julio, la Comisión Europea presentó su propuesta para la próxima Política Agrícola Común (PAC), como parte del nuevo presupuesto a largo plazo de la UE. En nuestra opinión, esta propuesta pone en riesgo el futuro del campo, más aún el de todas nuestras zonas rurales. No habrá un reparto justo de las ayudas para apoyar a los modelos agrícolas y ganaderos que más lo necesitan, tampoco se blindarán fondos para prácticas que cuidan del medio ambiente. Y otros fondos, como los de Cohesión, quizás vayan a prioridades emergentes, que poco tienen que ver con las necesidades en el medio rural.  

Hoy resulta más importante que nunca defender los principios que nos dimos como Unión Europea, como la defensa del bienestar social, el cuidado del medio ambiente y un mundo rural próspero. La desregulación no es la solución ya que conduce a una mayor desprotección social y a un debilitamiento de estos principios. Si somos menos Europa, perderemos todas.  Es vital contar con políticas públicas, con presupuestos adecuados, que coloquen a las personas en el centro, justas y participativa, para garantizar el relevo generacional y la sostenibilidad del campo. Se necesita una auténtica política de Estado que reconozca el valor y la aportación del medio rural al bienestar conjunto de la ciudadanía.

Propuestas

Para alentar un debate fructífero y contribuir a la resolución de este problema complejo, presentamos algunas de nuestras propuestas:  

1. Garantizar una vida digna en los pueblos con servicios públicos de calidad (sanidad, educación, transporte, vivienda, etc.), adaptados a las necesidades de las pequeñas poblaciones.  
2. Asegurar precios justos y condiciones apropiadas a los y las agricultoras y ganaderas que apuestan por la sostenibilidad, también para el resto de trabajadoras de la cadena alimentaria.  
3. Disponer de un marco político y un sistema de incentivos económicos adecuados para la transición justa en el medio rural, incluyendo: una PAC y un Plan País impulsores de sistemas alimentarios sostenibles, especialmente cuidadosos con los modelos de agricultura y ganadería familiar sostenible; una fiscalidad verde que aplique el principio “quien contamina paga” y el de “quien conserva, reciba”; Sistemas de acompañamiento públicos y de calidad; Desmantelamiento progresivo de los sistemas ganaderos industriales, incluyendo la retirada de todo subsidios público a modelos con impactos negativos sobre la salud de las personas, los ecosistemas y el bienestar animal. 
4. Aprobar una Estrategia Estatal de Ganadería Extensiva, con sus correspondientes planes regionales, consensuada y plural, donde se cuente con la participación del sector ganadero extensivo y trashumante y con suficiente dotación presupuestaria. Una estrategia encaminada a asegurar la viabilidad socioeconómica del pastoreo y la preservación y valorización de los bienes públicos que genera, entre otros paisajes más resistentes a los incendios. 
5. Impulsar el relevo generacional en el campo, prioritariamente en fincas de alto valor natural –como las de ganadería extensiva–, en la Red Natura 2000 y en producción ecológica, prestando especial atención al papel de las mujeres. Sin olvidar la necesidad de atracción de otros profesionales al medio rural (sanitarios, educadores, etc.), para lograr que este sea un lugar de retorno. 
6. Recuperar el valor estratégico de los montes, impulsando políticas para el fomento de la gestión forestal sostenible, el asociacionismo y la apuesta por el mercado de productos forestales sostenibles. Es necesario avanzar hacia espacios forestales más resistentes y resilientes al paso del fuego, con estructuras capaces de limitar la intensidad y propagación de los incendios, adaptadas a las características de cada territorio. 
7. Promover una implantación ordenada y responsable de las energías renovables, priorizando las zonas urbanizadas e industrializadas, evitando zonas ambientalmente sensibles, así como áreas agrarias y forestales de alto valor natural y agroecológico. Asegurar que los pueblos se beneficien de la instalación de renovables a través de los ingresos generados y por acceder a energía limpia, segura y barata. 
8. Proteger y restaurar la naturaleza incluyendo la conservación de la biodiversidad (hábitats, especies), la gestión adecuada de los recursos naturales (suelo, agua,…), el empleo de prácticas agrarias tradicionales sostenibles (ej. compostaje, trashumancia) y soluciones basadas en la naturaleza, así como la restauración ecológica; todo ello mediante una planificación y financiación apropiadas, especialmente de la Red Natura 2000 
9. Prestar especial atención a las necesidades de las mujeres en el medio rural, en especial reforzando el valor de la mujer en el sector primario y atacando el círculo de masculinización-envejecimiento-despoblamiento.  
10. Otorgar, en el nuevo Pacto de Estado de Emergencia climática el papel que merece el medio rural, dotándolo de recursos para poner en marcha de manera efectiva medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.