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NOTICIAS
El Parlamento europeo sube el listón de la ley de diligencia debida, aunque sigue quedando margen para detalles cruciales
Buenas noticias. Los eurodiputados transmiten un mensaje contundente: las empresas deben hacerse responsables del daño ambiental que causan.La votación de hoy sobre Diligencia Debida es un hito importante en la transición a una nueva era de responsabilidad corporativa en Europa y más allá.
Creemos que los eurodiputados han resistido la tentación de obtener beneficios políticos a corto plazo y enviaron un poderoso mensaje de que las empresas deben rendir cuentas por los daños ambientales que causan. La votación de hoy representa un hito importante en nuestra transición hacia una nueva era de responsabilidad corporativa en Europa y más allá.
Los eurodiputados acordaron exigir a los inversores y gestores de activos, junto a otras instituciones financieras, que identifiquen y aborden los daños relacionados con la sostenibilidad en sus carteras. Sin embargo, el texto presenta incoherencias, ya que el ámbito de aplicación de la cadena de valor, que define qué relaciones comerciales deben supervisar y con cuáles deben comprometerse las empresas, excluye por completo a las empresas y fondos que financian los inversores.
Partiendo de la limitada lista de convenios ambientales específicos de la Comisión, el Parlamento amplió acertadamente la definición de los daños ambientales que las empresas deben tener en cuenta en la diligencia debida, introduciendo categorías de impacto ambiental más amplias[1]. Esto permite a todas las empresas identificar y abordar los riesgos más relevantes para ellas. Sin embargo, sigue habiendo lagunas, ya que se excluyeron los convenios para especificar algunas categorías, como la pérdida de biodiversidad[2].
El Parlamento dio un paso más para acelerar la transición climática al exigir a todas las empresas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva que adopten y apliquen objetivos climáticos y planes de transición con base científica. Es importante destacar que la posición del Parlamento Europeo estipula que las empresas deben incentivar a sus directivos para que apliquen de forma significativa los planes, vinculando sus primas a los objetivos de sostenibilidad.
Aunque se reconocen avances en ciertos aspectos del texto, aún queda margen de mejora para abordar detalles cruciales que obstaculizan los objetivos de la ley de proteger el planeta y los derechos humanos de conductas empresariales nocivas y de apoyar a las empresas en sus esfuerzos por la sostenibilidad.
Lamentablemente, los eurodiputados han decidido retrasar la aplicación general de la Directiva hasta, al menos, el año 2028, con una cláusula de revisión para mejorar potencialmente el texto solo en 2029. Esto no se corresponde con la urgencia de abordar eficazmente las crisis climática y ambiental.
La votación de hoy ha puesto fin a los debates en el Parlamento y servirá de punto de partida para la fase final de negociación entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento, que pretenden concluir el texto a finales de este año o principios de 2024.
Desde WWF, instamos a los Estados miembro y a la Comisión a mejorar las disposiciones sobre la inclusión del sector financiero, la diligencia debida ambiental, los planes de transición climática y la remuneración de los directores en las negociaciones finales del trílogo, para garantizar que la próxima Directiva sea significativa tanto para las empresas como para el planeta.
Nota a los editores:
[1] Además de los convenios ambientales internacionales específicos, la posición del Parlamento define las siguientes categorías que las empresas deben tener en cuenta a la hora de identificar y prevenir, mitigar o poner fin a los daños en sus operaciones y cadenas de valor:
a) cambio climático
b) pérdida de biodiversidad
c) contaminación del aire, el agua y el suelo
d) degradación de los ecosistemas terrestres, marinos y de agua dulce
e) la deforestación
f) el consumo excesivo de materiales, agua, energía y otros recursos naturales
g) generación nociva y mala gestión de los residuos, incluidas las sustancias peligrosas;
[2] Un ejemplo de convenio esencial que quedó excluido de la lista de convenios es el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que podría especificar obligaciones para que las empresas actúen con la diligencia debida en la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, a nivel de ecosistema, especie y genético.
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