El ómnibus desregulador de Von der Leyen: Un golpe devastador a los objetivos medioambientales de la UE

Publicado el 26 febrero 2025

La Comisión Europea ha anunciado hoy un cambio de política que supone un claro alejamiento de los compromisos ecológicos que constituyeron la piedra angular del anterior mandato de Ursula von der Leyen.

A pesar de las garantías anteriores de que la simplificación no conduciría a la desregulación y de que los objetivos de sostenibilidad de la UE permanecerían intactos, el primer gran paquete legislativo desregulador propuesto introduce cambios significativos que constituyen un importante revés para la transparencia, la rendición de cuentas y las finanzas sostenibles.

La repentina urgencia de la Comisión por destruir leyes que son cruciales para la consecución del Pacto Verde de la UE es un enfoque peligroso que está forzando a Europa a una época de incertidumbre regulatoria. Bajo el pretexto de la «simplificación», la Comisión ha presentado una propuesta que obstaculizará el éxito económico y empresarial. Quienes dicen abogar por la prosperidad a largo plazo no pueden, en conciencia, apoyar un planteamiento que despoja al marco de financiación sostenible de la UE de su ambición, apartando así a Europa del rumbo acordado para convertirse en una economía verde competitiva. Esto sienta un precedente peligroso con consecuencias de largo alcance.

La Directiva sobre Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD), la Directiva sobre Diligencia Debida en la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) y la Taxonomía de la UE, tres leyes a las que se dirige este paquete legislativo, son la columna vertebral del marco de sostenibilidad corporativa de Europa, esencial para desbloquear las inversiones masivas necesarias para dar vida al Pacto Verde de la UE. Sin una base sólida, la transición ecológica de Europa está en peligro y la eficacia de estas normativas se ve seriamente comprometida.
“El defectuoso proceso ómnibus de la Comisión fue diseñado para culminar en una propuesta temeraria que amenaza los compromisos adquiridos y el trabajo realizado para lograr el Pacto Verde de la UE.

La falta de transparencia, el desarrollo apresurado del paquete y la exclusión de la sociedad civil de la conversación demuestran que las prioridades de la Presidenta Von der Leyen son las ganancias a corto plazo de los poderosos grupos de presión empresariales, a expensas del bienestar a largo plazo de Europa.

La propuesta de la Comisión de excluir a más del 80 % de las empresas del ámbito de aplicación de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), en lugar de proveer una norma de información proporcionada, creará importantes lagunas de datos, aumentará las cargas sobre las empresas y restringirá el acceso a la financiación sostenible, lo que en última instancia obstaculizará la prosperidad económica.

Además, la eliminación de las normas sectoriales, que están diseñadas para ayudar a las empresas a identificar las cuestiones en las que deben centrarse por sector, es una oportunidad perdida para racionalizar las evaluaciones de materialidad. El retraso propuesto de dos años en la aplicación de la ley perjudicaría considerablemente a las empresas que ya han invertido en su cumplimiento, al tiempo que indicaría que el medio ambiente y los derechos humanos no son una prioridad.

Del mismo modo, limitar el ámbito de aplicación de la Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad (CSDDD) pasa por alto riesgos críticos a lo largo de las cadenas de suministro mundiales, reduciendo el ejercicio a una pérdida de valiosos recursos, tiempo y personal para las empresas. Eliminar la obligación de aplicar planes de transición climática abre la puerta al lavado verde, convirtiendo el proceso en una mera actividad de marcar casillas. Esto también socava la confianza de los inversores y contradice la práctica actual del mercado, ralentizando la transición ecológica.

Especialmente preocupantes son también los cambios propuestos en la Taxonomía de la UE, que excluirían de hecho a más del 80% de las empresas actualmente incluidas en su ámbito de aplicación. Esto erosionaría los progresos realizados por las empresas en el seguimiento y comparación de sus resultados en materia de sostenibilidad, debilitando los incentivos para la transición». Además, al introducir un umbral financiero, la Comisión reduciría significativamente tanto la cantidad como la calidad de la información disponible. Combinados, estos cambios dificultarían la comparación de datos cruciales para nuestra economía en transición y permitirían a las empresas eludir la rendición de cuentas por sus insuficientes esfuerzos de transición.

Esta combinación de propuestas corre el riesgo de desvirtuar casi una década de elaboración estructurada de políticas de la UE. Ahora es vital que los Estados miembros y el Parlamento de la UE tomen medidas inmediatas y audaces para abordar los escollos de los cambios sugeridos y garantizar un enfoque más estructurado y basado en pruebas para seguir avanzando.