Salvemos Doñana

Hasta 1903,7, frente a las 750 hectáreas anunciadas hasta ahora.

¡Una superficie equivalente a 2000 campos de fútbol!

Lo que supondrá un incremento enorme del 20% de la superficie agrícola regable que amenaza a Doñana.

Se convertiría tierra de secano en regadío 

De prosperar la propuesta de ley, toda esta superficie de secano pasaría a ser regable, sin que existan en el marco de la actual planificación hidrológica 2022-2027 recursos hídricos disponibles, ni superficiales ni subterráneos. 

La vía de la proposición de ley elegida por PP y Vox carece de los informes técnicos mínimos que permitan conocer la superficie real a amnistiar o evaluar el impacto y el alcance real de esta norma.

En contra de lo que argumenta la Junta de Andalucía, nuestra investigación muestra que las fincas ilegales que se beneficiarían de la amnistía se pusieron en regadío después de la aprobación en 2004 del Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (POTAD), es decir, con conocimiento pleno de que eran ilegales en materia de ordenación del territorio y de que no tenían derecho legal al agua. Estas hectáreas no cuentan con ningún derecho legal sobre la tierra ni el agua, por lo que deberían ser revertidas a su estado anterior y sancionados sus propietarios. 

Hasta 1903,7 hectáreas ilegales, equivalentes a unos 2000 campos de fútbol, ubicadas en los municipios de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado se beneficiarían de la ley de amplicación de regadíos.

Con esta modificación de facto del Plan de la Fresa, que proponen el PP de Moreno Bonilla y VOX, 1432,4 hectáreas calificadas de secano pero que regaron en algún momento entre 2004 y 2014 pasarían a ser recompensadas con su conversión en suelos agrícolas regables. Los ilegales no necesitarán cumplir ningún requisito más, ni siquiera que la explotación haya tenido continuidad en el tiempo o que no hayan tenido expedientes administrativos o sentencias condenatorias, ya que con la actual redacción de la Proposición de Ley, bastaría una sola campaña de riego entre los años mencionados para dejar de ser un suelo de secano y pasar a regadío multiplicado hasta por diez su valor de mercado.

Frente a la falta de datos técnicos y planimetría de la Proposición de Ley y las diversas cifras que ofrecen los colectivos de interesados que apoyan la misma, el análisis que hacemos desde WWF, demuestra que a partir del 2004, año en el que se aprobó el POTAD (el plan que ordena el territorio en Doñana y establece los límites donde no se permiten nuevos cultivos de regadío), se multiplicaron las hectáreas en regadío, sabiendo los ilegales que estaban vulnerando la ley y que tendrían que extraer ilegalmente agua del acuífero para cultivar fresas y frutos rojos. De hecho, de acuerdo a las pruebas obtenidas en nuestro estudio, el 70% de estas hectáreas de secano no se habían regado nunca antes del POTAD. 

Legalizar fincas en terrenos donde se arrancaron árboles para crear cultivo 

Además, nuestra investigación demuestra que la ley de ampliación del regadío, propuesta por el PP,  podría legalizar con la modificación de la Ley Forestal de Andalucía hasta 471,3 hectáreas ilegales en zona forestal, es decir, en zonas donde los agricultores arrancaron deliberadamente las masas de árboles para plantar cultivos ilegales de fresas y frutos rojos. La Proposición de Ley califica estas hectáreas primero como suelos agrícolas y, como se comenzaron a regar entre 2004 y 2014, las convierte, en un segundo paso, en suelos agrícolas de regadío.