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WWF rechaza el intento de la Junta de Andalucía de regularizar cientos de balsas e instalaciones ilegales en el entorno de Doñana

Publicado el 17 julio 2020

Ante el anuncio de que la Junta de Andalucía pretende legalizar hasta 450 balsas de
regadío, 200 casas y otras 100 instalaciones agrícolas más en el término municipal de
Lucena del Puerto, justamente la Zona Cero del uso ilegal del agua y la ocupación de
montes públicos en un espacio protegido internacionalmente como Doñana, WWF
considera esta decisión como un ataque sin precedentes a la integridad ecológica de
este espacio emblemático y una auténtica involución en la conservación de la
naturaleza en Andalucía.

WWF ha venido denunciando desde hace casi dos décadas el crecimiento incontrolado de
miles de hectáreas de cultivos de fresas y frutos rojos en el entorno de Doñana, para lo que se
han abierto cientos de balsas y pozos ilegales y sepultado bajo plástico miles de hectáreas de
bosques y montes públicos, por lo que ha exigido a la Junta de Andalucía reiteradamente el
cierre de estas fincas ilegales y su restauración.

WWF lamenta que en lugar de restaurar el entorno de Doñana la Junta de Andalucía intente
por todos los medios legalizar a quienes han usurpado y destruido el patrimonio público
aprovechando la inacción de los ayuntamientos y de la administración autonómica.
WWF defiende que según el artículo 27 de la Ley forestal en vigor, todos los suelos forestales
son de especial protección desde 1992 y cualquier transformación que se haya hecho desde
esa fecha en montes públicos no puede amnistiarse bajo ningún concepto, por lo que
denunciará ante la fiscalía cualquier intento de legalización por parte de la administración local
o autonómica de dichas infraestructuras y transformaciones.

WWF recuerda que según la citada Ley forestal, las administraciones tienen la obligación de
recuperar y restaurar los suelos que se hayan ocupado ilegalmente y no abundar en su
degradación como ocurriría en este caso, con independencia de que se trate de una zona A, B
o C del POTAD ya que es la Ley forestal la que prima, afectando a toda ocupación ilegal y toda
trasformación que se haya hecho incluso en parcelas de canon (que fueron arrendadas a los
ayuntamientos para uso forestal y no para trasformaciones agrícolas).

La dejadez por parte de las administraciones no puede ser ahora la excusa ni la justificación
que permita que estas zonas sean desclasificadas. WWF se personará en este procedimiento y
hará cuanto esté en su mano para frenar esta amnistía encubierta que sólo recompensa a los
ilegales, supone una competencia desleal con los agricultores legales y contribuye al
desprestigio de la imagen de la fresa en los mercados internacionales.

WWF recuerda además que en un escenario de cambio climático y pérdida acelerada de
biodiversidad los bosques y los montes públicos tienen un valor incalculable por los servicios
que suministran y su conservación debe ser una prioridad, especialmente para conservar un
espacio de importancia internacional como es Doñana.