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NOTICIAS
Los eurodiputados, más cerca de responsabilizar a las empresas por beneficiarse de la destrucción del planeta
Hoy el Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo emitió su voto sobre la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés). Este voto aumenta las expectativas para la próxima sesión plenaria, a principios de junio.
La crisis del clima y la biodiversidad ha hecho que muchas empresas se beneficien de la destrucción del medio ambiente, pero ahora la UE está más cerca de exigirles responsabilidades. Aunque se necesitarían varias mejoras, la votación de hoy es un paso prometedor para garantizar que la Directiva de Diligencia Debida en materia de sostenibilidad empresarial beneficie tanto a las empresas como al planeta.
Aunque no es perfecto, el compromiso acordado supone una mejora respecto a la propuesta presentada por la Comisión Europea. En concreto, todas las empresas con más de 250 empleados y una facturación neta de 40 millones de euros deberán elaborar y aplicar planes de transición climática para garantizar que sus operaciones y sus modelos de negocio se ajusten al objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5°C. Además, estipula que las empresas deben incentivar a sus directivos para que apliquen los planes vinculando sus bonus al cumplimento de los objetivos de sostenibilidad.
Además, al revisar la Directiva, la Comisión podrá extender los planes de transición a las cuestiones ambientales de manera más amplia, haciendo que los requisitos sean más relevantes para sectores como la pesca, la silvicultura y otros, para los que la biodiversidad y otras cuestiones ambientales son tan importantes como el cambio climático.
La posición aprobada en la votación del Comité de hoy, define una lista exhaustiva de categorías de riesgo ambiental que las empresas deben tener en cuenta al realizar la debida diligencia, en función de lo que sea más relevante para sus operaciones y cadenas de valor. Entre ellas se incluyen el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del aire, el agua y el suelo, la deforestación y otros.
Un avance con puntos débiles
En el lado negativo, es decepcionante que los requisitos de los planes de transición se hayan debilitado. Por ejemplo, las empresas pueden argumentar que están exentas de tener que establecer objetivos absolutos de reducción de emisiones, así como que estos objetivos sean revisables cada cinco años, lo cual es crucial para que los planes de transición tengan sentido tanto para las empresas como para el planeta [1].
Además, la posición adoptada prevé que todos los sectores, incluidas las instituciones financieras, deben realizar una debida diligencia de sostenibilidad en sus carteras. Lo preocupante es la falta de claridad legal para algunas entidades financieras ya que la posición articula obligaciones de diligencia debida para inversores institucionales y gestores de activos, pero excluye a las carteras de inversión de la definición de la cadena de valor del sector financiero.
Desafortunadamente, los eurodiputados también han decidido retrasar de manera significativa la aplicación hasta al menos 2027, lo que no se corresponde con la urgencia de abordar adecuadamente la crisis climática y ambiental.
Instamos a todos los miembros del parlamento a respaldar los aspectos ambiciosos de la posición del Comité JURI y abordar las deficiencias, en particular asegurar que todas las instituciones financieras, incluidos los inversores institucionales y los gestores de activos, tengan que llevar a cabo la debida diligencia de sostenibilidad en sus carteras.