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La Abogada General del Tribunal de Justicia de la UE considera que España infringe la legislación europea en Doñana

El informe de la Abogada General del TJUE, Juliane Kokott, emitido hoy, concluye que las extracciones “desmesuradas” de agua subterránea son las responsables del deterioro ambiental en el Espacio Natural de Doñana, por lo que incumple la Directiva de Hábitats

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, ha emitido hoy un informe en el que concluye que las “extracciones desmesuradas de agua subterránea” en el Espacio Natural de Doñana incumplen el derecho comunitario y la Directiva de hábitats. Las conclusiones de este informe refrendan las denuncias que venimos efectuando desde hace años, alertando del grave deterioro ambiental de Doñana como consecuencia del robo del agua. 

A juicio de la letrada, resulta claro que las extracciones de agua provocan un efecto negativo en tres zonas de conservación de importancia europea: Doñana Norte y Oeste y Dehesa del Estero y Montes de Moguer. Asimismo, la abogada también señala la inacción de España ante los efectos negativos de las extracciones de agua para abastecer el núcleo turístico de Matalascañas sobre hábitats protegidos en la zona de conservación de Doñana. Por último, manifiesta la falta de información sobre el estado de las aguas subterráneas, debido especialmente al desconocimiento de la Administración sobre las captaciones ilegales. 

Tras las conclusiones de la Abogada General, el próximo paso lo dará el Tribunal de Luxemburgo que tendrá que dictaminar sentencia en los próximos meses. Desde WWF, recordamos que una posible sentencia condenatoria podría acarrear graves sanciones económicas para nuestro país. 

Este proceso se inició hace diez años tras la queja que presentamos ante la Comisión Europea (CE), en la que se denunciaba la extracción abusiva e insostenible de agua en el entorno de Doñana con destino al cultivo intensivo de fresas, ante la total inacción y los reiterados incumplimientos durante años de las autoridades españolas, la Junta de Andalucía, el gobierno central y los ayuntamientos de la zona.

Durante más de diez años, hemos realizado un seguimiento exhaustivo y ha aportado a este proceso legal informes propios elaborados por expertos y de organismos públicos que demuestran la sobreexplotación y degradación progresiva del acuífero que alimenta Doñana y su grave repercusión en los hábitats y especies, sobre todo en la avifauna y los humedales temporales mediterráneos, por lo que finalmente, la CE el 24 de enero del año pasado decidió llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En respuesta a este proceso y de la crítica situación de Doñana, el Ministerio para la Transición Ecológica ha declarado el acuífero en Doñana en riesgo y comenzado el cierre de pozos ilegales, pero sigue sin cumplirse el Plan de la Corona Forestal aprobado en 2014, dada la total inacción de la Junta de Andalucía que tiene las competencias sobre el suelo y la agricultura. Muy al contrario, en los últimos años la superficie de cultivos de fresas y cultivos ilegales sigue creciendo a la vista de todas las administraciones, mientras Doñana se seca y se degrada como denuncia hoy en su informe la Abogada General del TJUE.

España está a punto de ser condenada por permitir la destrucción de Doñana, un patrimonio que pertenece a todos los europeos. Ya no hay excusa para no actuar. Necesitamos que las autoridades españolas y sobre todo la Junta de Andalucía que han consentido esta situación durante años, dejen de mirar hacía otro lado y tomen medidas reales para terminar con las cientos de hectáreas de fresas ilegales y los cientos de pozos que hemos documentado y que están saqueando el acuífero y la biodiversidad, de lo contrario todos pagaremos con nuestro dinero su permisividad. 

 

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