Los precios de la energía no han parado de crecer desde 2021. Esto refleja la vulnerabilidad de un sistema energético que todavía es excesivamente dependiente de los combustibles fósiles.

Los precios de la energía no han parado de crecer en España y en el resto de la Unión Europea (UE) desde  mediados del año 2021, y ahora se ven aún más incrementados como consecuencia de la guerra en Ucrania. Primero fueron los precios de la electricidad, a causa de la escalada de precios del gas natural, y ahora se suman también los precios del petróleo y sus derivados. Esto refleja la vulnerabilidad de un sistema energético que todavía es excesivamente dependiente de los combustibles fósiles. 

Mientras sigamos invirtiendo en gas y en otros combustibles fósiles, seguiremos teniendo inestabilidad de precios energéticos y un cambio climático completamente desbocado. 

España —al igual que gran parte de los países de la UE— importa casi el 100 % de los combustibles fósiles que emplea para los distintos usos energéticos de sus sectores económicos. Esto hace que el país quede notablemente expuesto, ya que la estabilidad de sus precios energéticos viene definida, en gran medida, por factores que no puede controlar —escasez de oferta, incremento repentino de la demanda mundial, conflictos diplomáticos, roturas o retrasos en las cadenas de suministro, o incremento del precio del CO2, entre muchos otros factores—. Por si esto fuera poco, estos combustibles producen el 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país, y son los principales responsables del cambio climático en el mundo. 

En España, las energías renovables ya tienen mucho mayor peso que el gas natural y, sin embargo, son los precios desorbitados del gas los que fijan el precio de toda la electricidad.

Ante esta situación, parece evidente que la alternativa a seguir debería ser abandonar los combustibles fósiles y acelerar la transición energética hacia fuentes de energía renovables autóctonas que reducen nuestra dependencia con el exterior, garantizan una mayor estabilidad de precios a largo plazo, son mucho más baratas y no emiten gases de efecto invernadero. Sin embargo, como consecuencia de que las energías renovables todavía no son capaces de cubrir la totalidad de la demanda energética de cada país de la UE, corremos el riesgo de que los combustibles fósiles salgan reforzados en contextos de crisis de precios energéticos como el que atravesamos.  

En este sentido y, debido a los  factores anteriormente citados, sería un gran error invertir directamente en la ampliación de infraestructuras gasistas en el marco de la UE con el fin de diversificar las fuentes de origen del combustible. Este es el caso de la posible reactivación del proyecto Midcat, que buscaría convertir a España en una pasarela para almacenar el gas natural proveniente del continente africano y transportarlo, posteriormente, al resto de la UE a través de la construcción de un gran gasoducto entre España y Francia. Otra amenaza sería que, en algunos países vuelva a crecer el uso del carbón debido al precio tan elevado del gas natural en los mercados. Se trata de medidas frontalmente opuestas a lo que se necesita para detener el avance de la emergencia climática —que, tal y como alerta el segundo informe del IPCC, podría suponer la pérdida de hasta el 75 % de la biodiversidad en nuestro país al ritmo actual de incremento de la temperatura—. 

Estas inversiones en combustibles fósiles retrasan la transición energética y nos atan a su uso durante un tiempo más prolongado. Tiempo que la crisis climática no puede permitirse. Pero no solo supone seguir acumulando gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera durante varias décadas sino que, además, estas medidas aumentan la inestabilidad e incertidumbre de precios a largo plazo, al seguir atados a países terceros y a coyunturas que pueden estar fuera del control de la UE y de sus países miembros.

Ante situaciones como la que vivimos desde 2021, como consecuencia directa de los efectos que producen los combustibles fósiles en los mercados internacionales, la UE debe reforzar la única alternativa viable para evitar estos escenarios futuros y luchar eficazmente contra el cambio climático: las energías renovables. Los objetivos nacionales y comunitarios son todavía insuficientes. Desde WWF pedimos adelantar la descarbonización completa del sector eléctrico en España al año 2030 y la neutralidad climática al año 2040.

La solución a largo plazo debe pasar por reducir la demanda, mejorar la eficiencia energética y depender únicamente de energías renovables autóctonas que garantizan precios bajos, estables y que no emiten gases de efecto invernadero.

Para lograrlo, es necesario un importante despliegue de energías renovables en toda la UE y, a pesar de que son la alternativa más limpia y eficaz para luchar contra la degradación ambiental que producen los combustibles fósiles, éstas deben desarrollarse evitando impactos innecesarios sobre la biodiversidad y las personas. Por ello, debe priorizarse la inversión y la ambición en materia de eficiencia energética con el fin de reducir la cantidad de energía necesaria, pero también debe garantizarse una descentralización del actual sistema en favor del autoconsumo y de las comunidades energéticas locales y todos los nuevos proyectos de energías renovables deben ubicarse en zonas de baja sensibilidad ambiental.  

Además, se debe garantizar que la sociedad pueda beneficiarse de la creciente participación de las energías renovables en el sector eléctrico, que ofrecen precios mucho más bajos y estables en comparación con los combustibles fósiles. Debido al funcionamiento del mercado eléctrico, determinado en gran medida por las reglas comunitarias, el precio diario de la electricidad viene establecido por la tecnología más cara que, actualmente, es el gas natural. Por este motivo, es necesario que la UE abarque esta problemática y adapte el diseño del mercado al contexto actual de transición energética. Así mismo, cada país miembro debe emplear las herramientas de las que dispone para evitar esta distorsión que produce el gas natural, de tal forma que los ciudadanos puedan aprovechar las ventajas que ofrecen las energías renovables. En el caso de España, las renovables tienen ya un peso notablemente mayor que el de este combustible fósil en la generación eléctrica pero que, sin embargo, quedan completamente nubladas por el diseño actual del mercado. Además, para llevar a cabo la transición energética es necesaria la electrificación de la economía, y ésta no podrá darse con los elevados costes de la electricidad como consecuencia de la configuración de precios, donde el gas sigue marcando el precio aunque sea minoritario en la producción eléctrica. 

Los combustibles fósiles no son la solución. La UE y los países miembros deben adaptar el diseño del mercado eléctrico al contexto actual para que los consumidores puedan beneficiarse de la transición energética y pagar el precio bajo y estable que proporcionan las energías renovables.