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Los gobiernos de la UE prohíben los abusos empresariales contra el medio ambiente y los derechos humanos

Europa ha dado un paso decisivo para hacer justicia a las comunidades y ecosistemas afectados por la mala conducta de las empresas, al aprobar oficialmente la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Empresarial (DDDSE).

A partir de 2027, las grandes empresas que operan en la UE estarán obligadas a identificar, prevenir, minimizar y poner fin a las violaciones de los derechos humanos y los daños ambientales en sus operaciones globales y cadenas de suministro. También deberán desarrollar e implementar objetivos climáticos y planes de transición para alinear su estrategia y modelos de negocio con el objetivo de 1,5°C fijado por el Acuerdo de París.
 
El respaldo de la ley por parte de los gobiernos de la UE es un testimonio de la importancia de las prácticas empresariales responsables. Las empresas ya no pueden hacer caso omiso de los daños a la sostenibilidad a los que contribuyen, y las comunidades afectadas finalmente obtendrán protecciones cruciales.

El reto ahora es garantizar que la ley se traduzca en mejoras tangibles para los más vulnerables. Implantar el principio de "no hacer daño" en la cultura empresarial exige que las empresas lo consideren una responsabilidad fundamental, no un mero ejercicio de marcar casillas, y que los afectados conozcan y puedan ejercer sus derechos.

El éxito de la ley también depende de que los países de la UE la adopten, apliquen y hagan cumplir rigurosamente, y de que la Comisión Europea proporcione orientaciones claras a las empresas, las autoridades nacionales y las comunidades afectadas.
 
A pesar de su importancia, la ley también presenta considerables deficiencias que limitan todo su potencial y requieren atención urgente. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, permitir que las instituciones financieras ignoren las cuestiones de sostenibilidad en sus decisiones financieras, el reducido alcance de las cuestiones medioambientales que deben abordar las empresas y la aplicabilidad de la ley únicamente a las empresas muy grandes.
Un programa por la Tierra Elecciones Europeas 9J
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