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Se ha extendido la idea de que la normativa prohíbe cualquier tipo de intervención en el monte, lo que lleva a pensar que no se puede ni desbrozar, ni limpiar, ni aprovechar sus recursos.

Esta percepción es errónea y nace de confundir medidas puntuales de prevención contra incendios con una supuesta prohibición generalizada. Las limitaciones se aplican únicamente en épocas de alto riesgo de incendios —como verano u olas de calor— y afectan a actividades con riesgo de ignición (quemas, uso de maquinaria que genere chispas, barbacoas). Son medidas preventivas y temporales, no prohibiciones absolutas. Incluso en esas épocas, con autorización y bajo ciertas condiciones, se pueden seguir realizando trabajos forestales.

Te lo explicamos en detalle.

El desbroce y la retirada de restos vegetales no solo están permitidos, sino que son esenciales para la prevención activa de incendios. De hecho, uno de los principales problemas del paisaje forestal es la acumulación excesiva de biomasa por falta de aprovechamiento: cada año crecen 45 millones de m³ de madera y solo se aprovechan 15, lo que provoca la acumulación anual de 30 millones de m³ adicionales. Eliminar parte de este combustible mediante limpiezas y podas reduce la continuidad del fuego y mejora la salud del ecosistema.

La Ley de Montes no prohíbe, regula. La Ley 43/2003 de Montes regula los aprovechamientos forestales y exige autorizaciones o declaraciones responsables, dependiendo del tipo de actividad. Esto permite cortar madera, podar, extraer corcho o resina, siempre bajo criterios de sostenibilidad. El objetivo es asegurar un aprovechamiento ordenado que contribuya a la conservación del monte y a la reducción de riesgos, no prohibirlo.

Ni siquiera los espacios protegidos son “intocables”. Menos del 1 % de la superficie terrestre está bajo protección estricta. Más del 99 % de los espacios protegidos permiten usos tradicionales y selvicultura sostenible. Además, los espacios protegidos arden menos y raramente son el origen de los incendios. El problema tampoco es su protección, sino el abandono de prácticas tradicionales que mantenían el equilibrio del monte.

No estamos solo ante veranos cada vez más largos, secos y que baten récords de temperatura. También años enteros pulverizan los récords. ¡2024 es el año más cálido jamás registrado!

Este calor estresa los bosques y los deja en unas condiciones de sequedad que los harán arder sin control si se dan las condiciones necesarias para ello. 

La crisis climática multiplica los incendios extremos. Largas olas de calor con temperaturas nunca vistas y sequías prolongadas que provocan un elevado estrés hídrico y sequedad en nuestros bosques añaden las condiciones meterológicas fatales para que los incendios sean más frecuentes y más inapagables. 

La ciencia es clara y cada estudio lo corrobora: Un estudio elaborado por el grupo científico internacional World Weather Attribution (WWA), que analiza los vínculos entre el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, apunta que el cambio climático hizo 40 veces más probables los grandes incendios forestales del verano de 2025 en España y Portugal.

Afortunadamente esto no es así. Te explicamos más sobre esta nueva generación de incendios. Si bien son cada vez más su número, no todos los grandes incendios son de sexta generación, solo aquellos que modifican las condiciones meteorológicas de la zona, produciendo pirocúmulos que pueden derivar en tormentas de fuego y que tienen un comportamiento tan impredecible que imposibilitan su extinción. Su comportamiento es explosivo, extremo e imprevisible, propagándose a gran velocidad.

Aunque ocurren en una proporción muy baja, el riesgo de que los incendios evolucionen a este nivel existe, y cada vez es más común que los dispositivos de extinción observen cómo fuegos muy pequeños liberan energías descomunales, capaces de convertirse en incendios extremos, imposibles de apagar.

Trama incendiaria, terrorismo medioambiental o mafias organizadas son expresiones que se repiten de forma recurrente cuando se produce una oleada de incendios. Los informes de la Fiscalía (2006 -2017) concluyen que no existen evidencias de tramas criminales ni organizaciones que actúen de manera coordinada y planificada. Sí que existe una elevada intencionalidad y descuidos que acaban en incendio.

Atribuir estos episodios a una trama incendiaria organizada contra la que nada puede hacerse es simplificar un problema mucho más complejo para calmar conciencias y eludir responsabilidades para abordar los problemas reales que tiene el territorio. Los responsables políticos deberían ser muy cautos a la hora de hacer este tipo de declaraciones que confunden a la opinión pública y no se ajustan a la realidad. Por el contrario, deberían hablar del arraigado uso del fuego en el entorno rural y el abandono rural, la ausencia de gestión forestal, la nula planificación territorial, que ha cercado los núcleos de población con altísimas cantidades de biomasa forestal, o la escasísima inversión en prevención. 

Tampoco es preciso el endurecimiento de las penas, como se apunta desde algunos sectores cada vez que ocurren episodios de estas características. La legislación establece penas de hasta 20 años para los autores de incendios. El gran reto al que nos encontramos es judicial, porque hay que incrementar el porcentaje de identificados y condenados por prender fuego. Apenas se identifica a los causantes de incendios y un muy pequeño porcentaje cumple condena. 

La culpa de los incendios forestales la tiene la reforma de la Ley de Montes de 2015.

Este es otro de los grandes clásicos veraniegos. Titulares como “fines especulativos detrás de la ola incendiaria” o “tras la ley llegó el fuego” han calado en la sociedad, que ha reaccionado indignada ante lo que considera un negocio de unos pocos a costa de la naturaleza.

Es cierto, la reforma de la Ley de Montes, aprobada por el PP en 2015, incluye una excepcionalidad a la prohibición de recalificar la superficie quemada durante 30 años, siempre que existan “razones prevalentes de interés público de primer orden”. Esto significa que el proyecto en cuestión debe ser declarado de utilidad pública, en terrenos que ya 
estuvieran previstos recalificar antes del incendio y, además, tiene que contar con el visto bueno de las comunidades autónomas. 

Desde que se aprobó la Ley ni se ha realizado ninguna obra pública ni se han demostrado intereses especulativos en una zona quemada.  

Cada vez que arde Galicia o Portugal se escucha el mismo discurso: la culpa es del eucalipto. El principal argumento esgrimido es que esta especie arde mejor pero, ¿es realmente así? Es cierto que el eucalipto facilita la acumulación de hojarasca y desprende aceites inflamables que hacen que esta especie arda muy bien, pero entran en juego otros muchos factores. 

• A modo de ejemplo, Ourense, provincia que lidera la clasificación en número de incendios todos los años, apenas tiene eucalipto. En Galicia y Portugal arden más las zonas de matorral y pastizal que las masas de eucaliptar y pinar. 

El extenso monocultivo de eucalipto que recorre la cornisa cantábrica rara vez  arde. Sin embargo, los eucaliptales en Portugal, Pontevedra, Huelva o Sevilla se queman de forma recurrente en incendios muy peligrosos.

Las condiciones meteorológicas tienen mucho que ver pero, sobre todo, forman parte de un modelo territorial donde no hay gestión ni planificación alguna, facilitando la acumulación de altas cargas de combustible: la inflamabilidad de una masa forestal no depende de la especie, sino principalmente de su estructura, esto es, de la cantidad y la forma en que se organiza la biomasa disponible.

• No es igual de inflamable una plantación de eucaliptos en producción que la misma plantación abandonada. Es un despropósito económico y ambiental que existan plantaciones de eucaliptos abandonadas en parcelas en las que los propietarios no saben ni que son suyas. El eucalipto puede tener un sentido en aquellos casos en los que exista un aprovechamiento económico bien gestionado, ordenado. Hoy el abandono de las plantaciones de eucalipto en Galicia. ronda el 40%. Las administraciones gallegas y portuguesas deben detectar con urgencia las parcelas abandonadas, intervenir y asignar usos para diversificar el paisaje.  

Falta de gestión, abandono rural y falta de rentabilidad: El verdadero problema es la falta de gestión, no el exceso de prohibiciones. 

Más del 77 % de los montes españoles no tienen planes de ordenación. Esto genera paisajes homogéneos, jóvenes y poco diversos, muy vulnerables a los incendios. El resultado: montes abandonados, sin aprovechamientos rentables ni inversión suficiente, lo que incrementa la inflamabilidad del territorio.

Sin un tejido económico y social en el medio rural no habrá gestión forestal. El despoblación rural, la falta de rentabilidad económica y la desaparición de usos tradicionales son la otra causa estructural del problema de los incendios forestales en el caso de España.

El abandono de la agricultura y la ganadería extensiva ha dejado más de 2,3 millones de hectáreas sin uso agrario y que la cabaña ganadera de ovino y caprino ha caído entre un 30 y un 40 % en los últimos 30 años.

Sin este tejido productivo, no hay actores que gestionen el territorio, por lo que la biomasa se acumula y los montes se vuelven más inflamables.

A toda esta situación, hay que añadir que la sociedad urbana se ha desconectado del medio rural y mantiene una percepción estática de la naturaleza —“el bosque no se toca”— que dificulta la demanda social de políticas de prevención a escala de paisaje. 

La crisis climática multiplica los incendios extremos. Sin reducción de emisiones y medidas de mitigación, la adaptación será insuficiente. 

¿Qué más se puede hacer?

Estas son las propuestas de solución de WWF a los incendios extremos