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El Convenio de Ramsar muestra su preocupación por el indulto y legalización del robo de agua en Doñana
El Convenio de Ramsar, principal organismo internacional dedicado a la protección de las zonas húmedas de todo el mundo, también acaba de dirigir una carta a España mostrando su honda preocupación por la proposición de ley para legalizar el regadío ilegal en Doñana.
El Convenio de Ramsar advierte que de aprobarse este indulto y legalización se incumplirían las recomendaciones dadas por este organismo, UICN y la Unesco para proteger este Patrimonio de la Humanidad, emitidas en febrero de 2020 y aceptadas por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, y entre las que se incluían la aplicación del Plan de la Corona Forestal de Doñana que ahora el Partido Popular, VOX y Ciudadanos pretenden cambiar directamente para beneficiar a los empresarios agrícolas ilegales de Doñana.
En la carta, el Convenio de Ramsar señala que la proposición de ley, promovida por el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía y por sus socios de gobierno, Vox y Ciudadanos, puede afectar y tener consecuencias negativas sobre la hidrología de los ecosistemas de Doñana a una escala más amplia.
En la carta, el Convenio de Ramsar señala que la proposición de ley, promovida por el Partido Popular en el Parlamento de Andalucía y por sus socios de gobierno, Vox y Ciudadanos, puede afectar y tener consecuencias negativas sobre la hidrología de los ecosistemas de Doñana a una escala más amplia.
Asimismo, el organismo advierte que esta proposición de ley es incompatible con las recomendaciones que emitió en febrero de 2020 junto con la Unesco ante el mal estado de Doñana, que sigue incluida en el Registro de Montreux del Convenio de Ramsar de humedales en peligro, debido a las enormes amenazas sobre sus ecosistemas acuáticos. Entre estas recomendaciones, se incluyó la aplicación urgente del Plan Especial de la Corona Forestal, que justamente ahora se pretende desvirtuar con la proposición de ley impulsada por el Partido Popular y por sus socios de gobierno.
Las advertencias del Convenio de Ramsar se suman a las realizadas por la Unesco y las advertencias de la Comisión Europea que amenazaba con multar a España por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y por no poner freno a las sobreexplotación de las masas de aguas subterránea, ni al deterioro de hábitats de interés comunitarios.
La tramitación de la propuesta de ley fue aprobada el pasado miércoles 9 de febrero en el Parlamento andaluz, con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, y la abstención del PSOE andaluz, pese a la oposición de múltiples sectores (incluido parte de los propios agricultores de la comarca de Doñana) las advertencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio para la Transición Ecológica y las peticiones de los principales organismos y autoridades internacionales implicados en la protección de Doñana.
La propuesta de ley de indulto y legalización de los cultivos ilegales Doñana supone un auténtico desafío y una burla a los organismos internacionales a los convenios ratificados por España, a la normativa europea y a una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Resulta incomprensible que el Presidente Moreno Bonilla ignore su responsabilidad internacional con Doñana y todas las advertencias que le están llegando desde todas las instituciones internacionales y permita que su partido continúe con una iniciativa que recompensará a quienes destruyen Doñana y va a suponer la condena definitiva para un ecosistema único, reconocido y valorado en todo el mundo, además de un golpe a la imagen de Andalucía y sus productos en todo el mundo.
Frente a ello, seguiremos luchando con todos los recursos a su alcance en contra de esta amnistía al regadío ilegal que puede suponer un golpe mortal al ya sobreexplotado acuífero que da vida a Doñana.
Las advertencias del Convenio de Ramsar se suman a las realizadas por la Unesco y las advertencias de la Comisión Europea que amenazaba con multar a España por el incumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y por no poner freno a las sobreexplotación de las masas de aguas subterránea, ni al deterioro de hábitats de interés comunitarios.
La tramitación de la propuesta de ley fue aprobada el pasado miércoles 9 de febrero en el Parlamento andaluz, con los votos a favor del PP, Ciudadanos y Vox, y la abstención del PSOE andaluz, pese a la oposición de múltiples sectores (incluido parte de los propios agricultores de la comarca de Doñana) las advertencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y del Ministerio para la Transición Ecológica y las peticiones de los principales organismos y autoridades internacionales implicados en la protección de Doñana.
La propuesta de ley de indulto y legalización de los cultivos ilegales Doñana supone un auténtico desafío y una burla a los organismos internacionales a los convenios ratificados por España, a la normativa europea y a una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia. Resulta incomprensible que el Presidente Moreno Bonilla ignore su responsabilidad internacional con Doñana y todas las advertencias que le están llegando desde todas las instituciones internacionales y permita que su partido continúe con una iniciativa que recompensará a quienes destruyen Doñana y va a suponer la condena definitiva para un ecosistema único, reconocido y valorado en todo el mundo, además de un golpe a la imagen de Andalucía y sus productos en todo el mundo.
Frente a ello, seguiremos luchando con todos los recursos a su alcance en contra de esta amnistía al regadío ilegal que puede suponer un golpe mortal al ya sobreexplotado acuífero que da vida a Doñana.