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La CE confirma que España será sancionada si no cumple con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo sobre Doñana
En una reunión organizada por el europarlamentario Miguel Urban y Teresa Rodriguez de Adelante Andalucía y en la que hemos participado junto con Ecologistas En Acción y SEO/BirdLife.
En las reuniones, hemos mostrado la cartografía de las zonas que se quieren legalizar y el detallado estudio sobre el que nos apoyamos, para demostrar que la amnistía ascendería a un máximo posible de 1.903,7 hectáreas y junto a los demás participantes ha subrayado los efectos adversos asociados a la propuesta de ley, tanto desde el punto de vista ambiental como socioeconómico y social.
En la reunión de hoy Ion Codescu, Jefe de la Unidad de Implementación y Cumplimiento ambiental de la Dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, ha dejado claro que para la Comisión es una prioridad que España cumpla con la sentencia y ha resaltado que las autoridades estatales y regionales españolas han tenido tiempo suficiente para tomar medidas para frenar el deterioro de Doñana. Y que por lo tanto, de no retirar la propuesta de ley y cumplir con la sentencia, aplicando medidas para reducir el impacto sobre el acuífero de Doñana, España será multada.
Ante las preguntas de las organizaciones sobre cómo va afectar esta sanción a los fondos europeos, el responsable de la Comisión ha resaltado que la atribución de estos fondos es condicional y que hay que cumplir con las exigencias de la UE incluyendo las medioambientales y que no puede existir ningún proyecto financiado con fondos europeos que tenga impacto negativo sobre el medioambiente. Y ha resaltado que todos los proyectos relacionados con la extracción de aguas se comprueban meticulosamente por parte de las autoridades comunitarias.
Justo hoy se cumple el plazo de un mes establecido por la CE para que el Gobierno de España dé respuesta a la exigencia de cumplimiento de la sentencia del TSJE para proteger Doñana, ya que se están inclumpliendo las Directivas Hábitats y Directiva Marco del Agua. En una carta remitida el pasado 2 de febrero, la Comisión transmitió a España su profunda preocupación ante la propuesta de ley ya que la regularización prevista podría generar mayores impactos adversos sobre el estado de las masas de agua subterráneas y pidió que se aplicaran todas las medidas necesarias para alcanzar la conformidad con la sentencia del TSJE. Además advirtió sobre el riesgo de sanciones económicas si no se detiene la legalización impulsada por el Partido Popular del Presidente Moreno Bonilla a los ilegales que roban el agua de Doñana. Sanciones que se han confirmado en la reunión celebrada hoy y que afectaría muy negativamente a los fondos europeos que España y Andalucía esperan recibir.