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NOTICIAS
Exigimos la derogación del decreto ley que amnistía a agricultores ilegales en terrenos forestales de Doñana
Hoy se vota en el Parlamento andaluz el Decreto-ley 3/2024, de 6 de febrero de simplificación administrativa, que incluye una modificación de la Ley Forestal de Andalucía que permitirá legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Doñana. Pedimos que el Parlamento no convalide este decreto y lo derogue, para evitar la pérdida de cientos de hectáreas forestales que serían convertidas en agrícolas, no sólo en Doñana, sino en toda Andalucía.
Esperamos que esta modificación de la ley forestal de Andalucía sea derogada por el Parlamento puesto que supone una amnistía a los que, hasta la aprobación de la norma, han incumplido la ley forestal. Esto implica un incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Presidente Moreno Bonilla y un claro engaño hacia el Ministerio para la Transición Ecológica, además de un duro golpe para la credibilidad del Pacto por Doñana.
Consideramos, además, que no se dan los requisitos de “extraordinaria y urgente necesidad” para la modificación de la normativa forestal para adaptarla a la nacional mediante decreto-ley, por lo que el gobierno andaluz está actuando más allá de los márgenes razonables de la discrecionalidad beneficiando claramente a los agricultores ilegales de Doñana.
Esta modificación de la ley forestal andaluza está hecha a medida de los ilegales incluyendo la retroactividad que no se encuentra contemplada en la Ley Montes estatal. La retroactividad de la norma va contra el principio de no regresión ambiental que consiste en la limitación a los poderes públicos de disminuir de manera significativa el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo que esté absoluta y debidamente justificado, lo que no se da en este caso.
Como consecuencia de este cambio cientos de hectáreas que a día de hoy en Andalucía son forestales y forman parte del patrimonio forestal andaluz, perderían su nivel de protección y se convertirían, por los efectos retroactivos de la norma, en suelos agrícolas. Es decir que con seguridad habría una pérdida neta de patrimonio forestal sin justificación alguna.
A esto hay que añadir que no ha habido ninguna participación pública y no se ha evaluado el impacto negativo que sobre el patrimonio forestal andaluz tendrá la aplicación de la norma con efectos retroactivos, por lo que consideramos que la norma no debe ser convalidada.
Consideramos, además, que no se dan los requisitos de “extraordinaria y urgente necesidad” para la modificación de la normativa forestal para adaptarla a la nacional mediante decreto-ley, por lo que el gobierno andaluz está actuando más allá de los márgenes razonables de la discrecionalidad beneficiando claramente a los agricultores ilegales de Doñana.
Esta modificación de la ley forestal andaluza está hecha a medida de los ilegales incluyendo la retroactividad que no se encuentra contemplada en la Ley Montes estatal. La retroactividad de la norma va contra el principio de no regresión ambiental que consiste en la limitación a los poderes públicos de disminuir de manera significativa el nivel de protección ambiental alcanzado, salvo que esté absoluta y debidamente justificado, lo que no se da en este caso.
Como consecuencia de este cambio cientos de hectáreas que a día de hoy en Andalucía son forestales y forman parte del patrimonio forestal andaluz, perderían su nivel de protección y se convertirían, por los efectos retroactivos de la norma, en suelos agrícolas. Es decir que con seguridad habría una pérdida neta de patrimonio forestal sin justificación alguna.
A esto hay que añadir que no ha habido ninguna participación pública y no se ha evaluado el impacto negativo que sobre el patrimonio forestal andaluz tendrá la aplicación de la norma con efectos retroactivos, por lo que consideramos que la norma no debe ser convalidada.
Para Juan Carlos del Olmo, secretario General de WWF España: “Si el Parlamento aprueba hoy este Decreto Ley, el presidente Moreno Bonilla habría incumplido los compromisos públicos del Acuerdo de Doñana, ya que no sólo no ha retirado su proposición de Ley de regadíos del Parlamento de Andalucía, si no que además habría aprobado una norma que abre la puerta a la amnistía demandada por los agricultores ilegales en terrenos forestales de Doñana, lo que supone un durísimo golpe para Doñana y su comarca”
WWF pondrá en conocimiento de UNESCO y de la Comisión Europea esta amnistía encubierta, que reducirá el suelo forestal en Doñana, incrementará la superficie agrícola y creará expectativas en relación con el aumento de los suelos agrícolas regables y el consiguiente aumento de presión sobre una Doñana completamente asediada y agotada.
© WWF/JORGE SIERRA