WWF pide una Directiva Penal ambiciosa que ponga freno a los crímenes ambientales en la UE

Publicado el 15 septiembre 2023

En el marco de las negociaciones de la Directiva Penal Ambiental a escala europea, pedimos una legislación efectiva que recoja sanciones ambiciosas y con un nivel de armonización lo suficientemente alto para garantizar que los delitos ambientales se aborden de manera coordinada en todos los países de la UE. En los próximos días, se entra en la recta final de las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, para acordar el texto final de esta normativa.

Los delitos ambientales son la tercera actividad delictiva más lucrativa a nivel mundial, con un coste anual aproximado de entre 96 y 246 mil millones de euros. Estos delitos graves afectan a la salud y al medio ambiente, debilitando los esfuerzos para combatir las crisis climática y de biodiversidad.

La mayoría de estos delitos en Europa aún no se castigan ni se detectan suficientemente, como muestra el nuevo informe europeo sobre delitos contra la vida silvestre elaborado en el marco del proyecto LIFE "Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe (SWIPE)".

De hecho, pese a su gravedad, muy pocos llegan a ser juzgados, tratándose por la vía administrativa (con una multa, por ejemplo) o quedando sin resolver. Según la investigación, en España solo se produjeron 327 sentencias judiciales a partir de los 4902 casos de crímenes contra la fauna registrados (un 6,67% de los casos), por lo que el 93 % de los casos no son juzgados.

Con este contexto, en 2008 se adoptó la primera Directiva Europea sobre delitos ambientales, con el objetivo de proporcionar un marco armonizado para abordar y facilitar la cooperación transfronteriza en la lucha contra estos crímenes en la UE. En diciembre de 2021, la Comisión Europea publicó una propuesta de revisión de la Directiva Penal Ambiental que ofrece una mayor seguridad jurídica en la tipificación de los delitos ambientales.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE han adoptado sus respectivas posiciones y en los próximos días se entrará en la recta final de las reuniones de los trílogos, es decir de las negociaciones entre el Parlamento, la Comisión y El Consejo de ministros europeos, en las que se negocian para acordar el texto final. España juega un importante papel, debido a la actual Presidencia Española del Consejo de la Unión Europea, y debe impulsar y facilitar que se llegue a un acuerdo ambicioso. Por ese motivo, el pasado 29 de agosto remitimos una carta a la Ministra de Justicia en funciones. El objetivo, pedirle que España siga trabajando para conseguir una Directiva penal ambiciosa para lo que es imprescindible que el texto final incluya elementos clave.

Entre ellos, es fundamental armonizar la ley criminal europea para frenar los crímenes ambientales que no entienden de fronteras. También son necesarias sanciones y multas disuasorias más elevadas, así como permitir a las autoridades competentes que den prioridad a estos casos, contando con los recursos financieros, humanos y técnicos adecuados.

Asimismo, también es imprescindible establecer unidades especializadas con experiencia y competencia a la hora de tratar casos ambientales, similares a los que existen para combatir otros delitos graves como la corrupción o el blanqueo de dinero.

Por último, se deben desarrollar estrategias nacionales construidas sobre criterios consistentes y comunes, para luchar contra estos crímenes de forma eficiente, coordinada y bien informada. Con las herramientas correctas, la Directiva penal ambiental puede llevar a un cambio positivo para nuestras sociedades y para el medio ambiente.

Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tales. Aunque se ha avanzado mucho en este campo en los últimos años, el alto grado de impunidad que sigue existiendo, y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global nos demuestra que queda mucho por hacer.

Patrulla de Toledo de control de veneno

Proyecto SWIPE