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Exigimos al Gobierno de Cantabria que retire de manera inmediata los cupos de caza de lobo

Cantabria ha publicado la resolución que establece el cupo de individuos de lobo a cazar para la temporada 2019/2020, que asciende a 34 ejemplares.

Cantabria ha publicado la resolución que establece el cupo de individuos de lobo a cazar para la temporada 2019/2020, que asciende a 34 ejemplares. Desde WWF, vamos a recurrir la resolución pues estos cupos se han elaborado sin que se conozcan los datos poblacionales que los justifican y parecen enfocados a eliminar un alto número de ejemplares, lo que supone incumplir con la normativa de protección de la especie. Además, criticamos que el Gobierno de Cantabria apueste por una medida, el control de población, que se ha demostrado inefectiva en la reducción de daños al ganado, en lugar de impulsar medidas de prevención mucho más eficaces.

Consideramos inadmisible que Cantabria considere al lobo, una de las mayores joyas de nuestro patrimonio natural, como una especie cinegética y la persiga, fijando unos cupos enfocados a erradicar la población de amplias zonas de la región, incumpliendo así la normativa internacional. El Gobierno de Cantabria debe impulsar un nuevo modelo de gestión, propio del siglo XXI, declarando al lobo especie protegida e invirtiendo esfuerzos en medidas de prevención.

Tras la aprobación del Plan de Gestión del Lobo en Cantabria el pasado mes de abril, el establecimiento de cupos de caza de lobo ha sido la primera y única medida puesta en marcha por el gobierno regional. Consideramos que el cupo de lobos a eliminar es arbitrario e incumple el propio Plan de Gestión al no aportar los datos científicos para su cálculo, como el número de manadas, de individuos, de grupos no reproductores o de individuos “extraídos” en años anteriores.

Según los datos del último censo nacional de 2018 considerados en el plan de gestión, el cupo de 34 ejemplares correspondería como mínimo al 23% de la población cántabra, excediendo el 20% máximo que establece el propio plan. Este porcentaje puede llegar en ciertas zonas, como la Reserva Regional de Caza de Saja y hasta al inadmisible 50%, lo que supone poner en peligro la continuidad de las manadas de esa área.

El cálculo de un cupo de caza se debe establecer a partir de un intenso programa de seguimiento de la especie y teniendo también en cuenta el número de lobos muertos por otras causas. Sin embargo, se desconocen los estudios y trabajos que sustentan estos cupos, que parecen más orientados a erradicar el lobo de amplias zonas de Cantabria.

El lobo es una especie protegida por la Directiva Europea Hábitats, gestionable al norte del Duero siempre que se garantice el Estado de Conservación favorable, lo que implica la obligación de las administraciones de asegurar la expansión a otros territorios y el crecimiento las poblaciones en su propio ámbito geográfico. El cupo establecido impide el mantenimiento de dicho estado de conservación, poniendo en riesgo, además, las precarias poblaciones contiguas del País Vasco y Burgos.

Ganaderos desamparados

Consideramos que esta resolución es una medida cortoplacista mientras el problema real sigue sin atajarse. No existen evidencias científicas de que el control letal sea efectivo en la reducción del conflicto social y de los daños a la cabaña ganadera. Por el contrario, las medidas preventivas de ataques de lobo constituyen la herramienta más efectiva para la disminución de daños a la ganadería. Así lo recomienda también la Comisión Europea, en un reciente escrito al Gobierno español.

El citado Plan de Gestión lo contempla. Sin embargo, desde 2016 no se ha aprobado financiación para la implantación efectiva de medidas preventivas y compensatorias, año en que publicó la Orden MED 36/2016 y la convocatoria de ayudas, dejando así desprotegidos a los ganaderos profesionales. Cantabria es, además, una de las pocas regiones de España que no ha incluido este tipo de medidas en el borrador del Marco de Acción Prioritaria (MAP), recientemente enviado por el Gobierno de España a Bruselas, lo que impediría el uso de fondos europeos para financiarlas a partir del 2021.

 

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