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La Ley de Diligencia Debida en defensa del medioambiente y los derechos humanos se juega su futuro mañana

Mañana, los Estados miembros decidirán el destino de la Directiva sobre Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (DDDSC), que obligaría a las empresas a identificar, prevenir, mitigar y poner fin a los daños medioambientales y las vulneraciones de los derechos humanos en sus cadenas de valor.

Esta votación determinará si la UE puede garantizar una ley que beneficie por igual a las empresas, los mercados, las comunidades afectadas y el medio ambiente. Si se rechaza el acuerdo, el esfuerzo legislativo de cuatro años para establecer una ley eficaz puede acabar en vano.  

El Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo político sobre la ley en diciembre de 2023, y los principales actores se aseguraron de que sus prioridades quedaran bien reflejadas en el acuerdo. A pesar de ello, algunas voces conservadoras intentan sabotear la nueva normativa difundiendo información errónea de última hora y temores infundados sobre el impacto de la ley. Un ejemplo de ello es la exageración del  efecto que tendrá esta ley sobre las cargas administrativas o las PYME, que no entran directamente en el ámbito de aplicación de la ley y ya están respaldadas por diversas medidas en el texto final. 

"Los ataques de última hora a la ley de Diligencia Debida parecen obedecer a maniobras miopes y populistas, basadas en un razonamiento erróneo que no reconoce el valor de la ley para las empresas, las personas y el planeta", ha declarado Uku Lilleväli, responsable de Políticas de Finanzas Sostenibles de la Oficina de Política Europea de WWF. "¿Ayudará la UE a sus empresas en la transición hacia modelos empresariales más resistentes al riesgo y menos perjudiciales, o sucumbirá a la idea engañosa de que la competitividad exige la libertad de pisotear los derechos humanos y el planeta? Está en juego la credibilidad de la Comisión, el Consejo y el Parlamento y, en última instancia, de toda la UE".

Posicionamiento de WWF ante la Ley de Diligencia Debida


Ya hemos mostrado anteriormente nuestra disconformidad con el acuerdo político alcanzado por el Parlamento y los Estados miembros en las negociaciones del diálogo a tres bandas de diciembre de 2023 ya que las normas de Diligencia Debida excluirían las actividades financieras de su ámbito de aplicación y se quedarían cortas a la hora de abordar eficazmente los abusos de las empresas sobre el medio ambiente. Sin embargo, considera que es positiva para ayudar a las empresas europeas en su transición hacia el balance neto cero de emisiones de GEI. 

Consideramos que la ley de Diligencia Debida es un peldaño esencial en el marco legislativo de la UE, que anima a las empresas a ir más allá de los meros requisitos de información y a tomar medidas proactivas hacia prácticas empresariales más informadas, resistentes al riesgo y responsables. 

Una ley sólida es esencial para fomentar un mercado único de la UE más fuerte, garantizar que las empresas gestionen eficazmente los impactos y riesgos de la sostenibilidad y ofrecer una mayor protección a los afectados por actividades económicas perjudiciales.

Esperamos que el Gobierno de España confirme su compromiso con esta legislación, como demostró durante la Presidencia Española del Consejo de la UE, y que vote a favor de la Directiva sobre Diligencia Debida de las Empresas en Materia de Sostenibilidad (CSDDD) el viernes 9 de febrero.

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