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Pedimos redoblar los esfuerzos para terminar con el robo de agua en Doñana

A pesar de los esfuerzos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la superficie ilegal de regadío sigue aumentando sin parar. Exigimos a la Junta de Andalucía la aplicación rigurosa de todas las medidas que contempla el Plan de la Corona Forestal, eliminado las fincas regadas sin permiso y especialmente, aquellas situadas en zonas forestales.

La regularización de las 1.414 hectáreas en el entorno de Doñana por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) forma parte de las acciones contempladas en el Plan de la Corona Forestal. Pero este plan, aprobado por el Parlamento de Andalucía en 2014, además de la regularización de las fincas consideradas como superficie agrícola regable, obliga a la eliminación de la superficie regada sin permiso, destacando aquellas fincas transformadas de secano a regadío en los últimos años y aquellas fincas de índole forestal.

Sin embargo, desde WWF recordamos que, a pesar de los esfuerzos de la CHG, con medidas como el cierre de pozos, la superficie ilegal de regadío sigue aumentando, en parte debido a la inacción de la Junta de Andalucía, responsable de la aplicación del Plan de la Corona Forestal y muchas de las medidas contempladas en el mismo.WWF recuerda que la superficie total de cultivos en zonas que no pueden regularizarse es de 1.653 hectáreas, lo que supone el 20,7% del total de los cultivos bajo plásticos. Estos cultivos suponen una competencia desleal para otros agricultores legales, dañan la imagen internacional de las fresas y frutos rojos de Doñana e incumplen el Plan Especial de la Corona Forestal.

Por ello, WWF considera que por su propio interés deberían ser las propias comunidades de regantes y las asociaciones de agricultores legales los que deberían alzar su voz contra los que no cumplen la ley y nunca podrán ser legalizados.

La situación del acuífero de Doñana es crítica debido al uso insostenible de agua para la agricultura intensiva, por lo que WWF España ha denunciado a España ante la UNESCO y las instituciones europeas por la flagrante vulneración de varias directivas de protección de la naturaleza y agua. Este hecho ha motivado la decisión de la Comisión Europea de llevar a España ante el Tribunal de Justicia Europea por su inacción para proteger adecuadamente Doñana.

Por ello, WWF reclama al MITECO que no regularice ni una hectárea más y continúe con el cierre de pozos ilegales y a la Junta de Andalucía que deje mirar hacia otro lado y cierre las fincas ilegales sobre las que es competente en exclusiva, entre ellas las situadas en la Demarcación del Tinto-Odiel-Piedras y las situadas en zonas de especial protección de los recursos naturales (zona A).

Juan Carlos del Olmo, Secretario General de WWF España declaró: “Las administraciones tienen una enorme responsabilidad en el desastre del agua en Doñana, pero es hora de que también los agricultores legales denuncien la competencia desleal que ejercen los que roban el agua y ocupan ilegalmente los montes que rodean este espacio protegido” e insta urgentemente a la Junta de Andalucía a que analice la situación en el Comité de Seguimiento del Plan de la Corona Forestal.

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