Denunciamos que la Junta de Andalucía abre la puerta a la amnistía a agricultores ilegales en terrenos forestales de Doñana

Publicado el 19 febrero 2024

Alertamos de que la Junta de Andalucía ha incluido en el Decreto-ley 3/2024, del 6 de febrero de simplificación administrativa, una modificación de la Ley Forestal de Andalucía (Ley 2/1992, de 15 de junio) que permitirá legalizar a agricultores ilegales que ocupan terrenos forestales en el entorno de Doñana.

Con la excusa de la adaptación de la normativa andaluza a la estatal, este Decreto-Ley reduce la protección ambiental de las zonas forestales de Doñana y, en un claro ejemplo de arbitrariedad, aplica la retroactividad a la misma, sin justificación técnica ni participación pública alguna.

Con la modificación de esta norma, los suelos agrícolas situados en el entorno de Doñana que, a día de hoy, están considerados como forestales y que han sido transformados ilegalmente de forestal de turno corto a agrícola, serán amnistiados y el suelo será considerado como agrícola en lugar de ser restaurado, pudiendo seguir desarrollando su actividad hasta hoy considerada ilegal.

De esta forma, gracias al artículo 242 de este Decreto-Ley, los terrenos que actualmente tengan abierto expediente sancionador podrían reclamar el archivo del mismo y esquivar la sanción, puesto que tendrían consideración de agrícola.

De este modo, la Junta de Andalucía modifica sustancialmente su ley forestal mediante un Decreto-Ley cuya necesidad y urgencia es totalmente cuestionable y esquivando así la participación pública y los informes técnicos pertinentes, por lo que se desconoce completamente en este momento el número de hectáreas forestales que se verán afectadas, su actual estado, su importancia para Doñana.

Este Decreto-Ley tendrá como consecuencia una disminución del terreno forestal protegido de Doñana. Asimismo, supone una amnistía en toda regla para las transformaciones ocurridas en determinados suelos forestales que fueron convertidos ilegalmente en suelos agrícolas, así como la materialización por la vía del Decreto-Ley de algunos de los compromisos recogidos en la Ley de Regadíos de Doñana promovida por el Partido Popular de Andalucía, con la que se pretendía conceder una amnistía a los agricultores ilegales de Doñana, que aún no ha sido oficialmente retirada del Parlamento de Andalucía, y que ya incluía esta misma modificación.

Consideramos que esta nueva maniobra para amnistiar a gran parte de los agricultores ilegales de Doñana supone un ataque directo al Pacto de Doñana firmado el pasado mes de noviembre entre la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y el Presidente de la Junta de Andalucía y por el que este se comprometió públicamente a la retirada definitiva de la Ley de Regadíos y el Gobierno de la nación a invertir 706 millones de euros en la
restauración ecológica y el desarrollo sostenible en el entorno de Doñana.

Creemos que con esta amnistía encubierta se daña la credibilidad del Pacto de Doñana que había sido presentado a la Comisión Europea. De hecho, si la Junta de Andalucía mantiene la retroactividad de esta norma los ilegales, habrán ganado el pulso al Estado de derecho en Doñana y no tendrá sentido el Pacto de Doñana.

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