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El Parlamento Europeo da luz verde a la ley de Diligencia Debida para las empresas

La aprobación final hoy por parte del Parlamento Europeo de la Directiva de Diligencia Debida para la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD) supone un paso crucial para garantizar que las empresas de las que dependen las cadenas mundiales de producción adopten un compromiso real con su impacto en la sostenibilidad y los derechos humanos. Sin embargo, existen múltiples lagunas jurídicas que obstaculizarán el potencial de la norma.

A pesar de que el ámbito de aplicación de la Directiva se redujo considerablemente en las últimas fases de las negociaciones, la aprobación final del Parlamento acerca un poco más a la Unión Europea a garantizar la responsabilidad de las empresas. Las grandes corporaciones presentes en la UE tendrán que prevenir, mitigar y poner fin a las prácticas nocivas en sus operaciones globales a lo largo de sus cadenas de valor. También tendrán que desarrollar e implementar objetivos climáticos y planes de transición para alinear su estrategia y modelos de negocio con el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París.

"El respaldo de los parlamentarios de toda la UE y de diversos grupos políticos refleja la acuciante necesidad y el amplio apoyo social y empresarial a la ley de Diligencia Debida", ha declarado Uku Lilleväli, responsable de políticas de finanzas sostenibles de la Oficina Europea de Políticas de WWF. "La norma ayudará a las empresas tanto a prosperar económicamente como a defender los valores europeos de justicia, derechos humanos y sostenibilidad dentro de las fronteras de la UE y en el resto del mundo. Sin embargo, a pesar del resultado positivo de hoy, persisten graves lagunas que dificultarán la capacidad de la ley para lograr un cambio más estructural. Por nombrar algunas, con la norma se pierde una gran oportunidad para que el sector financiero identifique y aborde plenamente su impacto sobre la sostenibilidad. Asimismo, la cobertura de sólo una fracción de todos los daños ambientales y un alcance limitado de las empresas a las que aplica la norma, son cuestiones que deben solucionarse en los próximos años."

Hacemos un llamamiento a los Estados miembros de la Unión Europea en el Consejo para que agilicen la aprobación final, despejando el camino para que la ley entre en vigor. Tras su adopción, será fundamental transponer y aplicar eficazmente la norma y, en los próximos años, trabajar conjuntamente para subsanar las lagunas que obstaculizarán que desarrolle todo su potencial.

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