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NOTICIAS
El Consejo de Seguridad Nuclear no autoriza la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa en Retortillo por sus riesgos radioactivos
Han sido años de lucha, junto a otras organizaciones (como la plataforma Stop Uranio), contra esta mina radioactiva y por podemos celebrar esta decisión del CSN que pone fin a un polémico y dañino proyecto para la salud de las personas y la del medio ambiente.
¡Victoria tras años de denuncias!
Llevamos años denunciando que la autorización de este proyecto ha estado rodeada de graves irregularidades, polémica y una gran oposición local.En 2017 presentamos una queja ante la Comisión Europea, que abrió una investigación (todavía no cerrada) por sus graves impactos sobre los hábitat y especies protegidos por la Directiva Hábitat. Y es que, a pesar de no contar todavía con todas las autorizaciones necesarias, la empresa Berkeley instalada en la zona desde hace años, había realizado ya graves destrozos ambientales con movimientos de tierras y la tala de un millar de encinas, muchas de ellas centenarias en el corazón del “Campo charro” (en un espacio Red Natura 2000 “Riberas de los Ríos Huebras, Yeltes, Uces y afluentes”) un hecho que llevamos ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid.
Desde WWF seguiremos trabajando sin descanso para que proyectos dañinos para nuestro planeta como iba a ser esta mina de uranio a cielo abierto en la dehesa salmantina no lleguen a producirse. Únete a WWF.
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Una larga lista de irregularidades:
Con este dictamen técnico el CSN está garantizando la protección del medio ambiente y la salud pública frente a los riesgos radioactivos del proyecto, y más concretamente, frente a sus residuos radioactivos derivados de la actividad de la mina y planta de concentrado. Con ello solventa una de las graves carencias e irregularidades de este proyecto, ya que en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) aprobada por la Junta de Castilla y León mediante la Orden FYM/796/2013, de 25 de septiembre, se consideraba que los residuos generados por las instalaciones no eran depósitos radiactivos y por tanto autorizaba este proyecto sin evaluar los efectos de la radioactividad en las personas y el medio ambiente. Este proyecto ha sido polémico desde sus inicios tanto por sus graves irregularidades -como la emisión de esta DIA positiva por la Junta de Castilla y León sin evaluar los riesgos radioactivos-, por la falta de licencias municipales de obra o la más reciente denuncia del CSN por las presiones recibidas por parte de Berkeley. El proyecto también contaba con la oposición de Portugal, cuyo Parlamento había pedido al gobierno portugués que pidiera a España la paralización del proyecto hasta no realizar un estudio de impacto ambiental transfronterizo, algo obligado por Ley, que se sumaba a la lista de irregularidades y carencias legales del proyecto.