Es urgente la especialización ambiental de los jueces para combatir los crímenes contra la vida silvestre

El juez es una pieza fundamental en la persecución de los delitos contra la vida silvestre, siendo la clave del estado de derecho. En España, existe especialización en medio ambiente de la Fiscalía (la Fiscalía coordinadora de medio ambiente) y de la guardia civil (el SEPRONA). Sin embargo, los jueces, que están en lo alto de la pirámide judicial, no tienen aún esa especialización, lo que supone un retraso a la hora de enjuiciar estos tipos de delitos. 

Sin embargo, esto no ocurre en otros países europeos como Suecia, Finlandia, Francia, Bélgica y Malta. De ahí que sea necesario crear “el SEPRONA” de los jueces en España, afirma Silvia Díaz, Técnica del Programa de Especies de WWF España y Coordinadora del proyecto SWiPE.

"Los crímenes contra la vida salvaje no son delitos menores, pero las administraciones públicas siguen tratándolos como tal. Aunque se ha avanzado mucho en los últimos años, el alto grado de impunidad que existe en nuestro país y el estado crítico de la biodiversidad a nivel global, nos demuestra que queda mucho por hacer, por ello es necesario aumentar la concienciación en toda la cadena involucrada en la detección, persecución y enjuiciamiento de estos delitos acerca de la gravedad de estos crímenes", explica Silvia Díaz.

Según datos oficiales obtenidos a partir de peticiones de información a las Comunidades Autónomas a través del proyecto Europeo SWiPE (Persecución exitosa de los delitos contra las especies silvestres, por sus siglas en inglés), entre 2015 y 2020 se detectaron 4 902 casos de delitos cometidos contra especies silvestres, que supusieron la muerte de al menos 8 784 animales. 

No obstante, esto es solo la punta del iceberg del problema, ya que la mayoría de casos no se detectan: por ejemplo, se estima que tan solo uno de estos delitos (el uso de veneno en el campo) supone la muerte de alrededor de 10 000 animales cada año, y que solo salen a la luz el 10  % de esos casos.

Los delitos contra la fauna salvaje son devastadores para la biodiversidad, especialmente cuando afectan a especies amenazadas. El uso de veneno, la caza y pesca ilegales, el uso de métodos de captura prohibidos o el tráfico de especies suponen un grave riesgo para estas especies, y en muchos casos están relacionados con el crimen organizado u otros delitos, como el tráfico de drogas. 

Pese a la gravedad de estos delitos, hay una tendencia a restarle importancia, lo que supone que haya una alta impunidad: el 93 % de los casos no son juzgados (de los 4 902 casos sólo llegaron a sentencia 327). 

Las sentencias más frecuentes fueron por posesión de artes de caza y pesca ilegales (213 sentencias), compraventa ilegal de fauna (32 sentencias) y uso de veneno (26 sentencias). Los crímenes más frecuentes son el uso de veneno (1 899 casos) y la caza furtiva (1 773 casos). La impunidad es especialmente elevada en los casos de caza ilegal: solo un 0,8 % de los casos registrados acabaron en una sentencia judicial. Una de las conclusiones obtenidas en el marco del proyecto SWiPE es que la especialización de jueces en medioambiente es indispensable para hacer frente a estos crímenes.