Advertimos a las CCAA que llevaremos a los tribunales los planes para matar lobos que incumplan la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Llevaremos a los tribunales cualquier plan de las Comunidades Autónomas para matar lobos que incumplan las leyes europeas.

En este contexto, anunciamos que llevaremos ante la justicia cualquier plan que incluya cupos de caza o captura de ejemplares, una estrategia que además se ha demostrado inútil para reducir los ataques a la ganadería. 

Tras la maniobra legislativa en el Congreso de los Diputados para sacar al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE), comunidades como Cantabria y Asturias han anunciado su intención de aprobar planes que incluyen la matanza de hasta el 20 % de sus poblaciones de lobos ibéricos. Sin embargo, denunciamos que estas acciones incumplen la normativa europea, pues el hecho de que una especie de fauna sea gestionable -que no esté estrictamente protegida- no elude la obligación de mantener sus poblaciones en un estado de conservación favorable, algo que no sucede en España.

Así lo han determinado los tribunales en reiteradas ocasiones, y más recientemente en julio de 2024, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el plan de Castilla y León que permitía la caza de 339 lobos entre 2019 y 2022 al norte del río Duero. La sentencia estableció que "el lobo no puede ser declarado como especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable".

Poblaciones de lobo en España en estado desfavorable

De acuerdo al último informe poblacional remitido por España a la Unión Europea en 2019, y que debe ser actualizado este año, las poblaciones de lobo en nuestro país se encuentran en un estado “desfavorable-inadecuado”, lo que obliga a tomar medidas adicionales para asegurar su viabilidad futura. En su fallo de julio de 2024, derivado de un recurso de la asociación ASCEL, el TJUE señalaba que “la finalidad de esas medidas debe ser mantener o restablecer la especie de que se trate en un estado de conservación favorable”, y añadía que “cuando dichas medidas incluyen normas relativas a la caza, están destinadas a restringirla, y no a ampliarla.”

Recordamos que, para llevar a la población ibérica del lobo a un estado de conservación favorable, las administraciones regionales deben asegurar tanto la expansión a otros territorios, como el crecimiento en su propio ámbito geográfico: algo absolutamente incompatible con la persecución sistemática e indiscriminada de la especie que pretenden retomar algunas CCAA.

La lenta recuperación del lobo ibérico es muy frágil y, de hecho, muestra una alarmante falta de progreso en la última década, con un crecimiento marginal de apenas el 1 % anual en sus principales bastiones, como Galicia y Castilla y León. Mientras tanto, su estado ha empeorado en Portugal, con una reducción del 23 % en el territorio ocupado por la especie en las últimas dos décadas. 

La población de lobos en España no ha crecido exponencialmente, como afirman algunas administraciones. La realidad es que la recuperación de esta joya de la fauna ibérica se ha estancado en la última década, y su futuro sigue sin estar asegurado. De hecho, matar lobos no solo es ilegal e incompatible con la recuperación de la especie, sino que también es una estrategia inútil para reducir los ataques al ganado.

Por eso, llevaremos ante los tribunales y la Fiscalía cualquier plan autonómico que vulnere la normativa vigente y exige a las CCAA que apuesten por soluciones reales para la coexistencia.

Informe. ¿Hacia la coexistencia o el conflicto? Análisis de las políticas autonómicas para la conservación del lobo:

Según un informe que hemos publicado recientemente, las administraciones autonómicas suspenden en el apoyo a las medidas de prevención de daños al ganado, y en la existencia de sistemas de compensaciones justas y eficaces en caso de ataques.

Asimismo, hemos solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que recurra los planes autonómicos de gestión del lobo que no se ajusten a la legislación europea, que estudie la posible inconstitucionalidad de las enmiendas aprobadas en el Congreso la semana pasada y que inicie de oficio el procedimiento para volver a incluir al lobo en el LESPRE, en línea con las recomendaciones científicas.