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Agua: ¿Qué es el robo del agua?

Destapamos el saqueo del agua en cuatro de los acuíferos más importantes y sobreexplotados de España: Daimiel, Doñana, Mar Menor y Arenales. 

A continuación puedes ver un breve video con las principales conclusiones de nuestra investigación. 

WWF
Ver el video

Los cuatro puntos negros del saqueo del agua en España:

El regadío es el gran consumidor de agua de España y su superficie no ha dejado de crecer en las últimas décadas. En aquellas zonas donde no existe agua disponible en ríos y embalses, se hace uso del agua subterránea, poniendo en peligro nuestra seguridad hídrica y sobreexplotando acuíferos. Esto ha llevado a que España sea el país con mayor sobreexplotación de agua de Europa. Y esto sin contar el agua que se consume de forma ilegal.

Hemos realizado una radiografía, que cuantifica la superficie que se riega con agua extraída ilegalmente, de los cuatro puntos negros del saqueo del agua en España: Las Tablas de Daimiel (Castilla La Mancha), Donaña (Andalucía), Mar Menor  (Murcia) y Arenales (Castilla y León). Cuatro lugares que son emblemáticos y de gran valor ambiental.

En la siguiente gráfica puedes ver el número de hectáreas regadas: en color rojo destacamos las regadas con agua extraída de forma ilegal. 

 

Veámos caso a caso, cada uno de los acuíferos analizados: 

© José Luis Regalado y WWF España
​Las Tablas de Daimiel es el caso más dramático: Urge reducir la demanda de agua en el regadío manchego para recuperar este espacio natural
Daimiel, el epicentro del robo del agua
Las Tablas de Daimiel es el caso más dramático: 51.465 hectáreas de cultivo se riegan con agua extraída ilegalmente, el equivalente a 62.300 campos de fútbol.

Estos datos hacen saltar todas las alarmas ante una imagen cada vez más frecuente y desoladora del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel seco y mantenido en la UVI con aguas bombeadas desde el acuífero  para aparentar una artificial normalidad, mientras el nivel del agua subterránea se sitúa casi por debajo de los 20 metros de profundidad. 

Hasta el momento, las medidas que se han puesto en marcha para revertir esta situación e intentar reducir la demanda de agua del regadío han resultado un fiasco. Urge reducir la demanda de agua en el regadío manchego para recuperar las Tablas de Daimiel.

En el gráfico, en rojo, se puede ver la superficie sin derechos, y en azul, la superficie total regada. 
 
© José Luis Regalado y WWF España
Una zona transformada para los cultivos altamente demandantes en agua.
El acuífero de los Arenales en plena meseta castellanoleonesa es otro de los puntos negros del agua en España.
En 2019 se regaron con 101.877 ha de agua de la que extraída ilegalmente fueron 23.975 hectáreas, es decir, el equivalente a más de 29.000 campos de fútbol.

Durante estos años, se ha asistido a una transformación total en esta zona que ha pasado del cultivo de cereales y viñedos de secano al predominio de cultivos de patatas, maíz, hortícolas, o remolacha entre otros, altamente demandantes en agua. 
 
En los últimos 15 años, se ha registrado un preocupante descenso del acuífero de los Arenales que sitúa el nivel de agua, siendo Tierra del Vino, su masa de agua subterránea más afectada ya que se sitúa por debajo de los 25 metros.

Además, el descenso de los acuíferos supone un grave problema de contaminación y una amenaza para la salud, ya que conlleva que la concentración de nitratos y arsénico sea mayor en el agua, como sucedió en 2006, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano.
 
La zona de ríos de Los Arenales está siguiendo el peligroso camino de Las Tablas de Daimiel que le llevó a ser declarado sobreexplotado, y hoy, está seco y depende de ‘transfusiones’ de agua de emergencia.

 
© José Luis Regalado y WWF España
El humedal más grande de Europa y Patrimonio de la Humanidad se seca.
Doñana
Nuestros datos concluyen que la superficie regada con agua extraída ilegalmente, en el corazón de este espacio clave para la biodiversidad y alrededores (Aljarafe), es de más de 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol.

En el gráfico, en rojo, se puede ver la superficie sin derechos, y en azul, la superficie total regada.

Como consecuencia de esta sobreexplotación para el cultivo intensivo de fresas y otros frutos rojos, el Tribunal de Justicia Europea sentenció en junio de 2021 a España por el mal estado en el que se encuentra el Espacio Natural.
 
Además de estar asediada desde el oeste por la agricultura intensiva bajo plástico, con miles de hectáreas de fresas y frutos rojos que han secado los acuíferos que a porta a la marisma, ahora Doñana se enfrenta a la amenaza de que cultivos de tomates, frutales, leñosos o algodón se expandan sin control desde el norte y transformen las últimas marismas, usando para ello el agua del río Guadiamar que es extraída ante de que  llegue al Parque Nacional.
 
© José Luis Regalado y WWF España
Historia de un desastre anunciado
El Mar Menor es otro de los puntos negros del robo del agua en España
El Mar Menor es otro de los puntos negros del robo del agua en España, que además, vive momentos críticos tras un nuevo episodio eutrofización que ha vuelto a convertir la mayor laguna salada de Europa en una auténtica ‘sopa verde’.

La causa de este colapso ecológico se debe precisamente a las toneladas de nitratos y fosfatos que entran en la laguna a través de las ramblas procedentes de la agricultura intensiva que ha crecido sin ningún control. Existen casi 8.500 hectáreas de cultivo de regadío ilegal en el Campo de Cartagena, el equivalente a más de 10.200 campos de fútbol.

La impunidad del robo del agua en España

¿Cómo sucede el robo del agua? Para extraer agua subterránea es necesario pedir una concesión administrativa que da derecho a extraer una cantidad de volumen de agua para un determinado fin. Pero lo que sucede en estos cuatro acuíferos es que, sistemáticamente y con total impunidad, se están regando parcelas sin contar con autorización para extraer agua.



La clave para entender el robo del agua está en que la Administración no sabe cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, porque no tiene capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos. En algunos casos tampoco está claro cuánto se ha autorizado por encima de los recursos disponibles. La continua expansión de cultivos en regadío, promovida con ayudas públicas, ha terminado por alimentar  expectativas que han llevado a esta situación ya que en sus trámites y autorizaciones, la administración agraria no ha exigido a los agricultores solicitantes presentar el derecho de uso de agua concedida. Pero, además, la propia Administración alimenta esta sobreexplotación del agua ya que ha concedido derechos de uso de agua por encima de lo que puede dar según lo establecido en el Plan HIdrológico de cada cuenca.
 

La extracción ilegal del agua  genera además una grave situación de competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y están comprometidos con la gestión sostenible de este recurso, frente los que lo hacen sin autorización y sin reparo alguno a cómo afectan al resto de productores.

¿Qué pedimos para solucionar el problema del "robo del agua" en España?

Pedimos a las autoridades una acción contundente, para mejorar el control de las aguas subterráneas, cerrar todas las extracciones ilegales de los acuíferos y sancionar a aquellos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y contra la seguridad hídrica de toda la sociedad.  Puedes conocer todas las medidas, con más detalle, en el informe.

En particular, al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico le solicitamos cuatro acciones urgentes para combatir el robo del agua subterránea en España:

  1. Introducir cambios en la normativa de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico para: limitar claramente los procesos de legalización por la vía judicial, de forma que se eviten largos procesos que bloqueen la acción de las autoridades del agua; o evitar las vías judiciales para la resolución de peticiones de concesión de uso privativo de aguas subterráneas, entre otras. 

  2. Mejorar y dotar de medios a las autoridades del agua para la explotación de las redes de seguimiento de los piezómetros, la implantación de contadores de lectura remota y a tiempo real, y el seguimiento del uso del agua mediante teledetección, con el fin de controlar todas las extracciones de los acuíferos, y evitar la concesión de derechos de uso de agua privativos por encima de los recursos disponibles.

  3. Actualizar de manera automática y coordinada los datos del Catastro, el Registro de la Propiedad y el Registro de Aguas en una Infraestructura de Datos Espaciales accesible públicamente.

  4. Coordinar e integrar de manera coherente el cumplimiento de los objetivos de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Hábitat en el diseño de políticas agrarias (PEPAC, Plan estatal de regadío, etc.) a nivel de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a las Consejerías de Agricultura pedimos:

  1. Elaborar un nuevo Plan Estatal de Regadíos que incorpore las actuaciones estatales y autonómicas y se someta a evaluación ambiental estratégica. Colaborar con la administración competente en el control y penalización del uso ilegal del agua en agricultura, entre otras a través de la mejora en la aplicación y el seguimiento de la condicionalidad de las ayudas PAC, tal y como señala el Tribunal de Cuentas Europeo.

  2. Mejorar los protocolos públicos de calidad como las normas de producción integrada o los pliegos de calidad de las Denominaciones de Origen, mediante la inclusión del uso legal del agua y del suelo como requisito obligatorio

  3. Crear un Observatorio estatal del Regadío que asegure la gobernanza y participación de la sociedad civil, y proporcione información adecuada sobre evolución del regadío, consumo de agua, resultado de inversiones en modernización, etc.

  4. Garantizar su coordinación con la administración de Minas (nacional y autonómica) en los procesos de autorización de permisos de investigación de acuíferos mediante sondeos, de forma que en todo momento se conozca la intervención en el territorio y se activen los protocolos de seguimiento tras el posible alumbramiento de las aguas subterráneas.

  5. Garantizar su coordinación con la administración de Industria sobre la gestión de contadores y la  introducción de los mecanismos de lectura remota y de inviolabilidad de las mediciones.

  6. Realizar campañas junto con los sectores agrarios para combatir el uso ilegal de los recursos hídricos y favorecer las prácticas sostenibles. 

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